Comunidad menonita desmiente a la Fiscalía sobre acusaciones de deforestación en los Llanos

Se está agudizando un conflicto por la deforestación en grandes sectores de los Llanos Orientales, protagonizado por la comunidad menonita que reside en Colombia y las comunidades indígenas. Un nuevo capítulo tiene que ver con la imputación de cargos a doce miembros de la comunidad menonita que emitió la Fiscalía General de la Nación.

El anuncio fue realizado durante la penúltima semana de julio. Con este, el ente de contro se refiere a acusaciones de deforestación y daño ambiental en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta.

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Los menonitas son un grupo religioso y cultural que han formado grupos en varios países para llevar a cabo su estilo de vida agrícola y separado del resto de la sociedad. Llegaron a Colombia en 2016, procedentes de México, en busca de mejores oportunidades y condiciones para desarrollar sus actividades agrícolas.

Nicolas Wall, uno de los líderes de la colonia en territorio nacional, informó que en 2016 llegaron tres familias a la región de La Cristalina, en Puerto Gaitán, seguidas de otras 18 en 2017. Actualmente, entre 160 y 170 familias menonitas habitan en las fincas Liviney, Australia y San Jorge, en la región. Tienen raíces alemanas y utilizan un dialecto germano y el alemán europeo como lenguas principales.

No obstante, debido al uso del territorio, la Fiscalía habría imputado cargos contra los líderes de la colonia Jacob Loewen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friesen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekod Fehr. Estos individuos, según la institución acusadora, habrían hecho uso ilícito de recursos naturales renovables, daño a los recursos naturales e invasión de un área de especial importancia ecológica.

De acuerdo con la información oficial, deberán presentarse ante el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán el 26 de agosto para las diligencias judiciales correspondientes.

Pero la comunidad se ha defendido. En declaraciones citadas por el diario La República, y través de declaraciones como las del líder Abram Loeven Banman, afirman que no han deforestado el territorio. “Nosotros aquí hemos sembrado árboles, incluso más de los que hemos tumbado, pero eso nadie lo ve, solo los vecinos aquí”, aseguró.

Inclusive, han negado las acusaciones acerca de imágenes que se han presentado sobre animales y aparente daño al sueño. Indicaron que su comunidad convive en armonía con los animales. Stiven Mora, ingeniero ambiental, respaldó estas afirmaciones y explicó que las imágenes expuestas por Cormacarena fueron grabadas durante el proceso de mecanización de suelos. “Cuando se hace este proceso, el suelo se ve desprotegido de cobertura vegetal porque se están preparando los terrenos para cultivar”, explicó.

La situación es que los menonitas no son los únicos que ocupan los territorios. Según datos del portal Rutas del Conflicto, los indígenas de la etnia sikuani reclaman algunas zonas como ancestrales bajo el nombre de Iwitsulibu. Desde 2009, han intentado retornar a esta área, pero se encontraron con predios ya ocupados por fincas y cultivos. Alexander Álvarez, líder indígena, relató que por estas razones tuvieron que asentarse en el resguardo indígena de Únuma, donde viven aproximadamente 1500 indígenas en chozas de plástico, tablas y lona.

Por estos motivos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha entregado al menos 19.000 hectáreas de tierras a indígenas en diez departamentos del país. Felipe Harman, director de la ANT, manifestó que la entrega de tierras es una importante deuda histórica con los pueblos indígenas de Colombia.

El conflicto entre menonitas e indígenas tiene profundas implicaciones ambientales, sociales y económicas. Mientras los menonitas aseguran estar contribuyendo al desarrollo sostenible de la región mediante la siembra de árboles y proyectos agrícolas, los indígenas defienden su derecho a preservar su territorio ancestral y los recursos naturales que allí se encuentran.