Procuraduría investigará a funcionarios de la UNP por traslado de disidentes de las Farc

La Procuraduría General de la Nación delegó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales la responsabilidad de llevar a cabo una inspección disciplinaria, con el propósito de reunir evidencias que posibilitan la identificación de los servidores públicos involucrados en presuntas faltas disciplinarias. Este movimiento busca esclarecer el incidente en el que disidentes de las Farc fueron hallados dentro de varias camionetas pertenecientes a la UNP mientras transitaban por el departamento de Antioquia.

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El Ministerio Público, a través de la Procuraduría, inició una indagación previa dirigida a funcionarios aún no determinados de la Unidad Nacional de Protección. La investigación tiene como objetivo individualizar a “los presuntos autores de conductas con relevancia que podrían ser objeto de investigación”, según manifestó la entidad. Esta diligencia se centra en aclarar quiénes son los responsables y en establecer las circunstancias exactas del episodio que generó preocupación y polémica.

En su comunicado, la Procuraduría señaló la importancia de este procedimiento disciplinario para determinar si hubo algún acto de omisión o complicidad por parte de los empleados de la UNP. Los detalles sobre el modus operandi de los disidentes de las Farc y cómo lograron movilizarse utilizando vehículos oficiales son aspectos clave que la investigación buscará esclarecer.

El reciente incidente en el que varias camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron encontradas transportando disidentes de las Farc en Antioquia generó una fuerte reacción por parte de la fiscal Luz Adriana Camargo. Durante el operativo, se descubrió que entre los ocupantes había individuos con órdenes de captura vigentes, además de hallazgos adicionales como más de 160 millones de pesos en efectivo, dos pistolas, cartuchos, discos duros y memorias USB.

La fiscal Camargo expresó: “Lo que pasó en esa caravana es algo que es sumamente complicado porque nos prende una alarma”. Este evento no solo ha puesto en estado de alerta a las autoridades, sino que también ha planteado serias interrogantes sobre los mecanismos de control y vigilancia de los desplazamientos realizados bajo la protección del Estado.

En su declaración en rueda de prensa, Camargo añadió: “Lo que uno entendería cuando se suspenden órdenes de captura para efectos de una negociación es que los negociadores efectivamente estén bajo una agenda haciendo un proceso de negociación”.

Camargo destacó la necesidad de revisar con mayor detalle el procedimiento para el levantamiento de órdenes de captura en el futuro y de fortalecer la vigilancia sobre los desplazamientos realizados por estas caravanas. En este contexto, hizo un enfático llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se pronuncie sobre “posibles eventos de flagrancia” en el marco de la ley para la paz total.

“El tema de desplazamientos por todo el país en este tipo de caravanas nos pone en una dificultad que yo he dicho debe modular el Gobierno nacional y, en ese sentido, estoy haciendo una solicitud para que efectivamente se pronuncie respecto de posibles eventos de flagrancia que, en mi concepto, en el marco de la ley para la paz total y en el marco de las peticiones que hace el Gobierno para la suspensión de órdenes de captura presentes y futuras, porque así está regulado en la ley, efectivamente están quedando involucrados esos escenarios”, enfatizó Camargo.

Se conoció que una denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo, señalándola por supuestas irregularidades relacionadas con la captura y posterior liberación de disidentes de las Farc que fueron encontrados en camionetas de la UNP.

La denuncia, interpuesta por un ciudadano llamado Santiago Suárez Morales, alega que la decisión de la fiscal Camargo violó tanto la Constitución como el Código de Procedimiento Penal. Suárez Morales argumentó que esta actuación también podría ir en contra del acuerdo de paz con las Farc, perjudicando a las víctimas y el principio de legalidad penal.