Procuraduría le abrió investigación a Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González, por caso de corrupción en la Ungrd

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González; el exministro del Interior Luis Fernando Velasco; y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, por su posible implicación en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El ente de control señaló la necesidad de analizar la participación potencial de los funcionarios en una estrategia que habría facilitado la adjudicación de contratos a cambio de votos para proyectos legislativos del Gobierno.

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La Sala Disciplinaria de Instrucción ha relacionado con el caso al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, junto con varios congresistas. La medida implica a Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís, en la misma investigación.

Además, la Procuraduría General de la Nación manifestó en su comunicado que la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Liliana Ortiz será añadida a la investigación vinculada a los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, por presuntamente recibir dinero de un contrato de compra de carrotanques para agua potable en La Guajira.

Luis Fernando Velasco reafirmó su defensa ante las acusaciones de corrupción que lo vinculan con el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El exministro, en una entrevista con el medio El Colombiano, rechazó las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien lo señaló de participar en una supuesta reunión para la compra de congresistas.

Velasco sostuvo que la reunión del 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, a la que López hace referencia, no fue un encuentro secreto, sino una sesión regular del Comité Político. “Esa reunión no era ningún cónclave, era la reunión periódica que citaba el director del Dapre, conocida como Comité Político”, explicó Velasco, y precisó que en dicha reunión se discutían temas como el estado de la opinión pública y avances del Gobierno.

Además, el exministro cuestionó la exactitud de las declaraciones de López, subrayando que presentarán varias contradicciones ante la justicia: “López tiene un sinnúmero de contradicciones fáciles de demostrar en sus declaraciones”, afirmó Velasco. “No lo haré en público, sino ante los funcionarios judiciales”.

Según la Fiscalía, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuvo un rol crucial en la adjudicación de contratos de la Ungrd a congresistas de las comisiones terceras del presupuesto.

La fiscal detalló que Bonilla coordinó la asignación de contratos en los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, siguiendo las instrucciones de los senadores Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo.

El ministro de Hacienda respondió que se someterá a los procesos judiciales pertinentes y expresó su confianza en que sus acciones serán justificadas. “Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia, porque mis actos se defienden solos,” dijo Bonilla, agregó que “preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, y que ejecutar un presupuesto no es entregar plata”.

Cuando apenas se estaba asimilando la investigación de la Procuraduría, Gustavo Petro aceptó la renuncia de Carlos Ramón González como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras señalamientos de presuntamente ordenar sobornos a excongresistas. Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, González habría utilizado fondos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres para sobornar a Iván Name y Andrés Calle, entoonces presidentes del Senado y Cámara, respectivamente, por más de 4.000 millones de pesos.

Petro afirmó que el cargo de González era incompatible con cualquier investigación judicial, tomando en cuenta la independencia de fiscales y jueces.

“Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio, y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo”, expresó el presidente Petro en su cuenta de X