Gobierno colombiano y disidencias de las Farc continuarán proceso de paz, tras la polémica por las camiones de la UNP

Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de los bloques disidentes de las Farc, liderados por Jorge Suárez Briceño, alias Gentil Duarte, y el Frente Raúl Reyes, bajo el mando de alias Andrey y alias Calarcá, acordaron continuar con las negociaciones de paz tras una reunión celebrada el viernes 26 de julio de 2024.

El encuentro se llevó a cabo en medio de una crisis generada por la detención de una caravana de camionetas asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la protección y traslado de disidentes en actividades relacionadas con la mesa de diálogos.

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Alias Andrey y Camilo González Posso reiteraron el compromiso de las delegaciones con los objetivos de paz y con el estricto cumplimiento de los acuerdos y protocolos de seguridad. “Las delegaciones reiteran el compromiso con los objetivos de paz, con el estricto seguimiento a los acuerdos y protocolos, incluidos en particular a los de seguridad”, según la declaración conjunta.

“Se hará una reprogramación de las actividades acordadas en el Ciclo 5 que culminó el 16 de julio, de modo que se retomen a la mayor brevedad para atender a los compromisos que se tienen con las comunidades, autoridades territoriales y nacionales y demás integrantes de las Comisiones y Mesas interinstitucionales”, se declaró en el documento oficial.

En la reunión, representantes internacionales estuvieron involucrados para concertar el acuerdo entre las dos partes: “Los delegados presentes agradecen el concurso de los acompañantes - delegado del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, Consejo Mundial de Iglesias, Conferencia Nacional Episcopal, y de los países garantes, Suiza, Noruega, Irlanda y Venezuela, en la atención a la crítica situación que se ha presentado”.

Además, acordaron la creación de una comisión para monitorear los casos de los disidentes de las Farc detenidos y los procesos judiciales iniciados por la Fiscalía. También se decidió realizar una reunión en pleno extraordinaria los días 7 y 8 de agosto de 2024 en Bogotá para continuar con las negociaciones.

Uniformados del Ejército Nacional detuvieron una comitiva de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) el 23 de julio en Bello, Antioquia, creando alerta pública por la posible presencia de un guerrillero con orden de captura vigente. El operativo, que duró cuatro horas, culminó en el batallón Pedro Nel Ospina, donde la Fiscalía General de la Nación ordenó la inspección de los vehículos.

En la inspección, que contó con la presencia de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asegurar su legalidad, se confirmó la captura de Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, acusado del asesinato de seis soldados en Valdivia el 5 de julio. También fue capturada alias Erika, pareja sentimental de Firu, como informó el director de la UNP, Augusto Rodríguez.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó que el Gobierno debe asegurarse de que los vehículos de la UNP se utilicen correctamente y rechazó el uso indebido de estos por parte de cualquier grupo en negociación de paz. La captura de alias Firu, que resultó en la crítica hacia los escoltas de la UNP por permitir pasajeros no protegidos, también reveló la presencia de más de 60 millones de pesos en las camionetas, lo cual está prohibido.

La senadora María Fernanda Cabal criticó al Gobierno por este incidente, destacando problemas en la implementación del acuerdo de paz con las Farc. La situación plantea interrogantes sobre el manejo de las negociaciones de paz y las responsabilidades en la utilización de recursos del Estado.

El comercio en San José del Guaviare cerró en un 80% el 25 de julio tras la distribución de un panfleto intimidante atribuido al grupo disidente Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, liderado por alias Calarcá. El documento ordenaba a los dueños de negocios asistir a una reunión en una zona rural para discutir supuestos pagos de extorsión, generando temor de represalias entre los comerciantes.

Las autoridades, encabezadas por la gobernadora encargada Zulma Bohórquez, el alcalde encargado Miguel Arroyo, y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Guaviare, Frank Garzón, pidieron tranquilidad mientras se investiga la autenticidad de la amenaza. Garzón aseguró que existen las garantías institucionales necesarias para que los comerciantes continúen sus actividades, pero muchos decidieron no abrir sus negocios ese día.

Situaciones similares se han reportado en el departamento del Meta, donde municipios como Fuente de Oro, Mesetas, San Juan de Arama y Puerto Lleras también han enfrentado amenazas similares. En Concordia, otro panfleto ordenó el cierre del comercio local, intensificando las peticiones de seguridad.