Fiscalía acusó a Rodolfo Hernández y a su esposa, Socorro Oliveros, por presunta financiación irregular de su campaña

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez y a su esposa, Socorro Oliveros, por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial del exfuncionario. De acuerdo con el ente acusador, el posible aporte de recursos indebido se hizo de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

Para entonces, la esposa del exalcalde fungió como su gerente de campaña. “La investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que la gerente de la campaña permitió que el excandidato presidencial realizara aportes en dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo de 2021″, precisó el ente acusador en un comunicado.

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El dinero que habría ingresado a la campaña de manera irregular corresponde a $127 millones, aportados directamente por el candidato, siendo él una fuente prohibida para dicho fin. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los procesados el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Por su parte, Rodolfo Hernández fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú se refirió a la decisión de la Fiscalía de acusar formalmente a Hernández y Oliveros, instando a políticos a que se pronuncien al respecto, así como lo han hecho en varias ocasiones por las dudas que hay sobre la transparencia de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. “Ya quiero ver a los políticos que apoyaron a Rodolfo, con el mismo ahínco que se pronuncian sobre la financiación de la campaña del Presidente @petrogustavo. Los leo”, sostuvo.

La campaña presidencial del primer mandatario también está en el ojo del huracán por la presunta violación de topes y por el posible ingreso de dineros ilícitos. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está investigando el jefe de Estado por estos hechos, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) indaga la campaña en general. Los hallazgos evidenciarían que hubo una violación de topes de más de $5.300 millones, de los cuales, $3.709 millones se utilizaron en la primera vuelta y $1.646 millones, en la segunda.

El excandidato presidencial afronta otro proceso penal por el caso Vitalogic, por el cual ya fue condenado. El exalcalde fue acusado de haber cometido el delito de interés indebido en la celebración de contratos y, en consecuencia, sentenciado a una pena de más de cinco años de casa por cárcel. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por 88 meses.

“Toda vez que Rodolfo es una persona mayor de 79 años y se le concede el beneficio de detención domiciliaria con la pena de 64 meses y una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes”, explicó el juez durante la audiencia.

Hernández presentó un recurso de apelación por la sentencia condenatoria, al considerar que la pena establecida en su contra es equivocada, pues, desde el inicio ha ratificado su inocencia públicamente. En un video publicado en su cuenta de YouTube criticó la decisión tomada por el juez, poniendo en duda su criterio.

“Me condenan no por ladrón, ni por haberme robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”, explicó el excandidato presidencial.

En una audiencia previa, Hernández informó que, además, padece un cáncer terminal, a pesar de haber luchado contra la enfermedad sometiéndose a cirugías y quimioterapias.