Fiscal Luz Adriana Camargo explicó por qué quedaron libres los disidentes de las Farc capturados en caravana de la UNP: pidió al Gobierno más restriciones

El jueves 25 de julio, la fiscal General Luz Adriana Camargo fue denunciada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tras el escándalo que suscitó la retención y posterior liberación de varios cabecillas de las disidencias de las Farc, quienes se movilizaban en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en vías de Antioquia.

Según la denuncia, conocida por el diario El Colombiano e interpuesta por un ciudadano identificado como Santiago Suárez Morales, la fiscal Camargo habría violado varios principios de la Constitución Política, así como artículos del Código de Procedimiento Penal, al permitir la libertad de tres de los siete detenidos durante el procedimiento.

Sin embargo, el viernes 26 de julio, Camargo se pronunció al respecto y afirmó que las capturas de disidentes de las Farc que se movían en caravanas de la UNP hacen parte una alerta, por eso, ha solicitado al Gobierno imponer mayores restricciones tanto a ellos como a otros grupos con los que se encuentra en negociaciones de paz.

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“Yo he dicho muchas veces que se suspenden las órdenes de captura, pero no se suspenden las investigaciones. Lo que pasó en esa caravana es sumamente complicado porque nos prende una alarma”, indicó la fiscal.

“Lo que uno entendería cuando se suspenden órdenes de captura para efectos de una negociación es que los negociadores efectivamente estén bajo una agenda, haciendo un proceso de negociación. El tema de desplazamientos por todo el país con este tipo de caravanas nos pone en una dificultad que debe modular el gobierno nacional”, agregó.

La fiscal dijo que actualmente está haciendo una solicitud al Gobierno sobre el tema: “Estoy haciendo una solicitud para que efectivamente se pronuncie frente a posibles eventos de flagrancia, que en mi concepto, en el marco de la ley para la paz total y en el marco de las peticiones que hace el gobierno para la suspensión de las órdenes de captura presentes y futura, efectivamente están quedando involucrados esos escenarios”.

En la denuncia se advierte que la actuación de la fiscal General contraviene el principio de legalidad, en tanto fueron capturados en flagrancia. “La flagrancia es una circunstancia legal que permite la detención inmediata y la continuación del proceso penal, asegurando así la efectividad de la justicia y la protección de la sociedad”, explicó el demandante.

También sustenta que se violó el derecho a la seguridad jurídica —que implica que todas las actuaciones de las autoridades deben realizarse dentro del marco de la ley y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos—, y que hubo una contravención del interés público y la función pública.

“Solicitar la liberación de cabecillas de las Farc capturados en flagrancia contradice este deber, puesto que compromete la efectividad de la acción penal y la seguridad ciudadana. Esta actuación pone en duda la imparcialidad de la fiscal General y socava la confianza pública en la administración de justicia, así mismo pone en entredicho las decisiones de la Fiscalía con base a la seguridad de los colombianos, ya que esta actuación va en contra del Código Procedimental Penal”, se lee en la denuncia.

Incluso, señalan que se transgredieron los principios de eficacia y eficiencia en la administración de justicia y el compromiso con la verdad y la justicia. El demandante aseguró que también se pasó por alto el deber de respeto y protección de los derechos fundamentales de las víctimas y de la sociedad en general.

“El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la protección de sus ciudadanos frente a actos delictivos, especialmente aquellos cometidos por grupos armados ilegales como las EMC. Solicitar la liberación de personas capturadas en flagrancia podría interpretarse como una falta de protección efectiva de los derechos a la vida, integridad y seguridad de los colombianos”, se lee en el texto.

Además de las capturas de alias Firu, cabecilla del frente 36 de las disidencias, alias Érika Castro y alias Boyaco, las autoridades hallaron varios elementos en los vehículos interceptados en jurisdicción del municipio de Cisneros.

“Los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema debieron ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos no podían subir a los vehículos. Y los $60 millones no sé dónde los tenían metidos, pero en vehículos de la UNP no se deben llevar ese tipo de cosas, ni armas ni drogas”, indicó el director de la UNP, Augusto Rodríguez, tras la inspección de los vehículos en Bello.