Exsenador Álvaro “El gordo” García, condenado por masacre paramilitar, entuteló a Gustavo Petro: asegura que el Presidente vulneró su derecho a la dignidad humana

El martes 23 de julio, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad al exsenador sucreño Álvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en Bolívar.

El diario El Tiempo conoció que la Sala de Primera Instancia, en la decisión adoptada el 22 de julio, decidió no conceder la libertad provisional, no revocar la medida de aseguramiento que se le impuso a García por su nueva investigación por desplazamiento forzado; y determinó no sustituir la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad.

Tras dicha decisión, ‘el Gordo’ García Romero instauró en la mañana de este viernes 26 de Julio, una acción tutela en contra del presidente Gustavo Petro. El exsenador radicó el documento, ante el Consejo de Estado, al que le colocaron como número de recibo el 2215063.

Con esta tutela de diez folios que el diario El heraldo conoció, el exsenador, condenado por la masacre de Macayepo de la que ya pagó las tres quintas partes de la pena de 40 años, busca su derecho a la dignidad humana que le habría sido vulnerado por el jefe de Estado con unas “manifestaciones realizadas el día 16 de julio de 2024, frente a la medida de aseguramiento que pesa sobre este suscrito tutelante”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con dicha tutela, pretende que el Consejo de Estado le ordene al hoy Presidente de la República de Colombia, que se abstenga hacía el futuro o en lo sucesivo de realizar públicamente, manifestaciones denigrantes, incitadoras socialmente y trasgresoras a la dignidad humana, con alguna repercusión judicial en contra del señor Álvaro Alfonso García Romero.

Además, busca que se le ordene al mandatario que “en el término de 48 horas emita nuevas declaraciones que reconozcan un trato digno a este accionante y los penados privados de la libertad. Igualmente, quiere que se le ordene al presidente que, hacia el futuro se abstenga de elevar manifestaciones que intervengan con las demás ramas del poder público y en especial la judicial, señalando anticipadamente decisiones de estos órganos”.

El exsenador se refiere a las expresiones que lanzó el presidente Gustavo Petro en la plaza pública durante la sanción de la reforma pensional, cuando dijo que “… García Romero había recurrido al asesinato para mantenerse en el poder. Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando”.

Por otro lado, con relación a la libertad condicional pedida y concedida por un juez de ejecución de penas de Bogotá a Álvaro García dijo que: “Me gustaría que saliera y pudiera jugar con sus nietos, pero hoy la justicia le dice que no puedes salir porque fuiste un masacrador de tu pueblo”.

Según Petro, la Corte ha actuado en defensa de la justicia y en rechazo a quienes han utilizado el poder para amedrentar y asesinar a sus contrincantes. “Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino”, dijo el mandatario.

García le insistió al Consejo de Estadio en su tutela que “la dignidad humana debe entenderse no solo como un derecho fundamental, sino también a su vez, como un valor, como norma rectora, como un principio, la cual es fundamento de donde provienen otras normas, garantías constitucionales relevantes, que afianzan esa esfera de protección de intimidad, de libertad, de igualdad, de autonomía, de prohibición de discriminación y de humillación. Las características trascendentales en todas las esferas de la persona y del Estado, política y moralmente de la dignidad humana, revisten tanta complejidad, que no es indiferente a la persona que pretenda reclamar su protección cuando se ha visto conculcada”.

Además, según García esto cobra mayor relevancia porque quien lo hace es una persona privada de la libertad y para ello se fundamenta en el artículo 5 de la Ley 65 de 1993 “que hoy siendo el hombre vencido sobre él se mofa el Presidente de la República de manera pública. Olvidando el mismo, que dentro del proceso que hoy cursa en la Corte ha reconocido no ser un testigo directo, pero que al aprovechar los diferentes cargos públicos y a costa de mi nombre ha hecho carrera”.

“Sigo con la pelea jurídica por demostrar de alguna manera, el no haber tenido responsabilidad en los hechos que se me endilgan sin reconocer que ocurrieron, y de gracia que en el proceso que está en manos del magistrado Caldas ya hoy tiene elementos que pueden demostrar la atipicidad de esa conducta en mi nombre, pero hoy me siento más que nunca que sigo siendo una víctima de una guerra jurídica”, concluye.