Alarma por déficit en recaudo tributario: 8,3 % por debajo de lo esperado en el primer semestre

El más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) puso en evidencia los retos que enfrenta el recaudo tributario en Colombia. A junio de 2024, el recaudo acumulado alcanzó 136 billones, cifra que está 8,3% por debajo de lo recaudado en el mismo periodo de 2023.

“Esta cifra representa el 48,7% de la meta de recaudo bruto del Gobierno Nacional para 2024, que es de $279,4 billones y se ubica por debajo de la ejecución proyectada, la cual debería estar en el 50,4 %”, destacó el Carf en su informe. La entidad señaló además que varios rubros impositivos no alcanzaron las proyecciones esperadas para el primer semestre del año.

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De los 136 billones recaudados, 68,4 billones corresponden al impuesto de renta, inferior a los 71,4 billones proyectados por el comité. El impuesto de IVA, con 35,3 billones recaudados, también se quedó corto frente a su proyección de 37,1 billones. Por otro lado, los impuestos externos mostraron un desempeño positivo, acumulando 18,6 billones de un total proyectado de 18,1 billones, siendo el único rubro que mostró un cumplimiento óptimo.

El Carf también presentó un análisis detallado sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) para este año. Hasta junio de 2024, se comprometieron 238,7 billones del PGN, lo cual equivale al 47,4% del total. “El rubro con mayor porcentaje de compromisos es la Inversión (53,9%), seguido de Funcionamiento (46,4%)”, señaló el documento.

En términos de obligaciones, estas alcanzan $191,1 billones, equivalentes al 38% del total de apropiaciones. La mayor parte de estas obligaciones corresponden al Servicio a la Deuda, con un 44%, seguido del rubro de Funcionamiento con un 41,3%, y finalmente la Inversión con un 22% de las apropiaciones.

El bajo recaudo fiscal en la economía tiene varias implicaciones que pueden afectar tanto a corto como a largo plazo. Cuando el gobierno no logra cumplir sus metas de recaudación de impuestos, se enfrenta a un déficit fiscal que puede limitar su capacidad para financiar programas y proyectos esenciales. Esto incluye inversión en infraestructura, educación, salud y programas sociales, que son vitales para el desarrollo económico y social del país.

Una baja en el recaudo tributario también puede obligar al Gobierno a incrementar el endeudamiento público para cubrir sus gastos, lo que podría llevar a un incremento en la deuda externa y en las cargas fiscales futuras. Este escenario puede generar desconfianza entre los inversionistas y aumentar el costo de financiamiento para el país, afectando su calificación crediticia.

Además, la reducción en los ingresos fiscales puede limitar la capacidad del gobierno de implementar políticas de estímulo económico durante periodos de recesión o crisis, afectando la capacidad de recuperación económica. La falta de recursos también dificulta la implementación de políticas redistributivas que busquen reducir la desigualdad y la pobreza.

En el ámbito macroeconómico, el bajo recaudo fiscal puede afectar la estabilidad económica general, generando presiones inflacionarias o deflacionarias, dependiendo de cómo se maneje el déficit. También puede restringir la capacidad del gobierno de llevar a cabo reformas estructurales que promuevan el crecimiento económico a largo plazo.

En un contexto de baja recaudación, el gobierno puede verse limitado en su capacidad para reaccionar ante crisis económicas o desastres naturales, al no disponer de los recursos necesarios para implementar medidas de estímulo o ayuda. Esta falta de flexibilidad fiscal también puede restringir políticas a largo plazo destinadas a incentivar la innovación, el desarrollo sostenible y la transformación digital, elementos clave para asegurar un crecimiento robusto y equitativo en el futuro.

A esto hay que añadir que una recaudación insuficiente puede debilitar las instituciones públicas y la gobernabilidad, ya que el Estado se ve incapaz de cumplir con sus obligaciones básicas y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, erosionando la confianza pública y la legitimidad del gobierno.