Al conocerse nuevos detalles de la forma en la que se habrían direccionado contratos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que apuntarían hacia la gestión del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el funcionario en mención rompió el silencio y el jueves 25 de julio, con un comunicado a la prensa, se refirió a las acusaciones que pesan en su contra.
“Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia, porque mis actos se defienden solos”, afirmó el titular de la cartera en su misiva, con la que entregó explicaciones al país en relación con estas evidencias.
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De acuerdo con Bonilla, los mecanismos de la Hacienda Pública y su trámite en el Estado colombiano se han confundido con actos ilegales, por lo que es claro que, en su concepto, “una investigación rigurosa debe distinguir”. Esto con el fin de evitar señalamientos que, en consecuencia, serían injustos con su gestión al mando del ministerio, que maneja las finanzas del Estado en todos los ámbitos.
“Por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es ‘direccionar’. Que ejecutar un presupuesto, no es entregar plata; que reunirse para revisar una agenda oficial, no es concertar irregularidades; que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones, no es comprar votos”, agregó el miembro del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro.
La petición de Ricardo Bonilla a la Fiscalía
En ese sentido, reiteró que tanto él como los demás miembros de su despacho han cumplido a cabalidad con sus funciones. “Y por eso pedí ser escuchado, que se recaudaran todos los documentos que despejan dudas y se entrevistaran a los funcionarios”, acotó Bonilla en su pronunciamiento, tras efectuarse la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla.
“Cuando esto se haga, estoy seguro de que la Fiscalía llegará a una sola conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”, concluyó Bonilla sobre el particular, con lo que confía que el ente acusador cumpla con su labor y demuestre, según él, la inocencia que le asiste, en medio del entramado de corrupción en el que han resultado salpicados varios de los funcionarios.
Las acusaciones hacia el ministro de Hacienda y su asesora
En la diligencia que se efectuó desde el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, la fiscal delegada 79 anticorrupción, Andrea Muñoz, dio a conocer que tanto Bonilla, como su asesora, María Alejandra Benavides, habrían direccionado la adjudicación de tres contratos: los de Carmen de Bolívar, en Bolívar ($11.695 millones); Saravena, en Arauca ($35.631 millones), y Cotorra, en Córdoba ($46.748 millones).
El objetivo: favorecer a congresistas de la Comisión Tercera y de la Comisión de Crédito Público, para la aprobación de iniciativas estatales, entre ellos el aumento del cupo de endeudamiento. Para tal fin, el ministro Bonilla habría dado instrucciones a Benavides para que coordinara con Pinilla la entrega de los mencionados recursos, en favor de un grupo de parlamentarios. Son ellos:
Senadores:
- Julio Elías Chagui (Partido de la U)
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
- Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador)
Representantes:
- Wadith Manzur Imbett (Partido Conservador)
- Karen Astrid Manrique Olarte (Citrep)
- Julián Peinado (Partido Liberal)
- Juan Diego Muñoz Cabrera (Renunció a su curul, Partido Alianza Verde)
“Usted, señor Sneyder, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes”, precisó la fiscal Muñoz en su intervención ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá, Cidulfo Hernández.
En este entramado también fue vinculado el César Augusto Manrique, actual director de Función Pública, que habría pactado una coima del 7% por la transferencia de $100.000 millones; recursos que la Ungrd tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras.