Una codiciada propiedad: se conocieron las causas del atentado sicarial de la banda La Inmaculada contra el empresario Javier Soto Velasco

El martes 23 de julio, Javier Soto Velasco fue asesinado en su oficina por dos sicarios en motocicleta. En el ataque también resultó herida Diana Rojas, excandidata al concejo municipal, que se encontraba con él en ese momento.

La Policía de Tuluá investiga si el ataque está vinculado a las exigencias de la banda criminal La Inmaculada, que habría demandado la entrega de una propiedad administrada por Soto. En un panfleto distribuido tras el crimen, la banda se atribuyó el hecho y advirtió a otras inmobiliarias sobre manejar dineros de dudosa procedencia.

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Javier Soto Velasco, destacado empresario del sector inmobiliario, fue socio de la firma Soto Inmobiliaria SAS, ubicada en la carrera 33a con 22 en Tuluá. Su empresa, conocida por el eslogan “la inmobiliaria de las puertas abiertas”, administraba cerca de 13 propiedades, entre ellas, un predio codiciado que, según las autoridades, podría estar relacionado con su asesinato.

“Detrás de este crimen hay un plan para apropiarse de las mejores tierras de la zona. Es una nueva fase de las acciones de la banda criminal que atemoriza a toda la región”,

Según El Tiempo, Soto Velasco, que hizo parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá, controlaba ciertos predios y terrenos de importancia para comercializar en Tuluá desde su empresa inmobiliaria. El medio tambien confirma que Javier Soto habría recibido amenazas por parte del grupo criminal La Inmaculada para que le cediera el control de una propiedad.

“Se está investigando la presunta exigencia de una propiedad que estaba a nombre de un tercero y que tenía en su poder el señor Soto. Al parecer, miembros de la banda criminal La Inmaculada estaban pidiendo que se las entregara”, le aseguró una fuente judicial al medio mencionado.

Según la misma fuente, las autoridades siguen determinando si la orden para asesinar al empresario provino de Jhon Sebastián Vásquez Rivera, alias Enano, y alias Juaco, dos líderes influyentes de una estructura criminal que están en una constante guerra por el control con los hombres de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, principal cabecilla de La Inmaculada.

Durante el ataque, una mujer identificada como Diana Rojas, excandidata al Concejo de Tulúa, resultó herida. La Inmaculada, mediante un panfleto, señaló que su objetivo eran empresarios manejando dineros de dudosa procedencia. “Nos encontramos acabando con focos de testaferratos de personas que se dedican a maneja dineros de dudosa procedencia”, mencionó la banda.

El secretario de Gobierno de Tulúa, Martín Hincapié, declaró que un sicario ingresó hasta las instalaciones de la compañía inmobiliaria y disparó contra Javier Soto Velasco. Hincapié agregó que Soto era propietario de una empresa muy reconocida en el municipio.

Por su parte, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, expresó en su cuenta de X: “Rechazo y condeno el execrable asesinato de Javier Soto Velasco. Actos demenciales como estos aumentan el repudio de la ciudadanía tulueña”.

Aún las autoridades siguen buscando información acerca del paradero de los actores materiales del asesinato del empresario.

El exministro de Justicia Néstor Osuna había iniciado un proceso de diálogo con la banda criminal La Inmaculada. El encuentro se llevó a cabo en la cárcel La Picota en Bogotá el 6 de junio, donde se encuentra detenido el líder del grupo, Andrés Felipe Marín alias Pipe Tuluá, quien cumple una condena de 18 años por diversos delitos, incluyendo homicidio y secuestro.

Sin embargo, en el desarrollo de estos dialogos con el gobierno, el líder de La Inmaculada reconoció la participación de su grupo en atentados contra guardianes penitenciarios, aunque se negó a proporcionar cifras de las víctimas. Admitió estar detrás de las amenazas de muerte dirigidas al alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez, y a varios concejales de la ciudad. Marín culpó al alcalde Vélez de un supuesto intento de asesinato contra él en la cárcel de Valledupar.

Respecto al asesinato del concejal Carlos Arturo Londoño y la funcionaria Clarivet Ocampo, Marín explicó que el atentado estaba dirigido al alcalde Vélez, aunque él no ordenó directamente el ataque. Marín destacó que su objetivo final es abrir un diálogo que permita la paz en su territorio y aseguró que su organización es una hermandad que opera de manera autónoma.

A principios de julio del 2024, se reportaron episodios de violencia en Tulúa tras un período de inactividad de La Inmaculada. Según las autoridades, miembros de esta organización incendiaron un camión avícola en la zona de Estambul y atacaron una vivienda en el corregimiento de Aguaclara.