Ministerio de Justicia, Fiscalía, Inpec y otras entidades están en la mira de la Contraloría: esta es la razón

La Contraloría General de la República inició una actuación especial de fiscalización dirigida al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras una alerta por “inminente pérdida” de recursos públicos destinados al sistema penitenciario del país.

El propósito de la investigación se centra en examinar las condiciones y servicios que ofrecen diversos establecimientos penitenciarios y carcelarios en todo el territorio nacional y, en particular, en las cárceles EPAMS Girón Palogordo, EMPMSC El Bosque de Barranquilla, La Modelo Bogotá, CPAMSCAS La Paz de Itagüí, CPAMS Valledupar, CPAMS Santa Marta y La Ternera en Cartagena, que han sido seleccionados para asegurar que cumplan con las normativas y estándares esperados.

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“En Colombia funcionan actualmente 125 establecimientos carcelarios de competencia del Gobierno nacional, donde están recluidas un total de 102.877 personas privadas de la libertad. El presupuesto asignado a la Uspec y al Inpec para el 2023, fue de $3 billones y para 2024 asciende a la suma de $3.8 billones, destinados al funcionamiento e inversión de estos establecimientos”, señaló la Contraloría.

Adicionalmente, a través de la Delegada para el Sector Justicia, se realizará una actuación especial de fiscalización a la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, para ponerle lupa al funcionamiento y condiciones de las salas de audiencia en los centros transitorios de reclusión en el nivel central, que tienen por objeto garantizar a los reclusos la correcta defensa pública.

Al finalizar esta actuación, la Contraloría emitirá un concepto sobre la forma cómo se ejecuta la habilitación e implementación de las salas de audiencias en estos centros, que hacen parte fundamental del debido proceso en materia penal.

La actuación especial de la Contraloría General de la República para revisar las condiciones de establecimientos penitenciarios y carcelarios, inició con una visita de varias horas a los patios y la infraestructura de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

La encargada de adelantar dicha actuación fue la contralora delegada para el Sector Justicia, Jenny Elizabeth Lindo y su respectivo equipo auditor, que encontró situaciones preocupantes como baldosas rotas en el patio que aloja a niños hijos de reclusas, el shut de basuras con calificación de inconformidad por parte de la Secretaría Distrital de Salud, el alojamiento de la guardia masculina del Inepc que se cae a pedazos y está a punto de colapsar, frecuentes filtraciones de agua, lo mismo que goteras, como también taponamiento de tuberías que hacen algunas reclusas y, en el tema de salud, varias privadas de la libertad con enfermedades graves.

En una reciente auditoría, la Delegada para el Sector Justicia estableció 68 hallazgos con incidencia disciplinaria, principalmente relacionados con la producción de alimentos en cuatro centros penitenciarios: COBOG–Picota, EPMSC Cartagena–Bolívar, COIBA Ibagué-Picaleña, EPMSC Girardot–Cundinamarca y CPAMSEB El Barne-Cómbita.

Como resultado de las investigaciones, la entidad reveló serias deficiencias en la producción y distribución de alimentos dentro de las cárceles de Colombia, denunciando condiciones insalubres que comprometen seriamente la salud de los reclusos. La falta de equipos adecuados, el manejo inseguro de alimentos y la ausencia de medidas higiénicas han sido identificados como factores que ponen en peligro la inocuidad de los productos suministrados.

Además, se reportó la pérdida de 24.645 raciones de alimentos en el centro penitenciario El Barne-Cómbita durante diciembre de 2023, con un valor de $382.120.725. Según el informe, este incidente no solo vulnera el derecho fundamental a la alimentación de los internos, sino que también podría incrementar las tensiones y provocar situaciones violentas dentro de la prisión.

En el ámbito de la salud, el Centro Penitenciario CPMS Cartagena enfrenta serias dificultades debido a la falta de traslados médicos oportunos, lo que ha resultado en la cancelación de citas médicas vitales. Asimismo, establecimientos en La Dorada–Caldas, Buga, El Barne Cómbita–Boyacá, Jamundí y Cali muestran deficiencias graves en el suministro de medicamentos y mantenimiento de equipos biomédicos, afectando la salud física y mental de la población carcelaria.

La infraestructura penitenciaria tampoco escapa a las críticas. Proyectos de ampliación y mantenimiento no cumplen con los estándares de calidad y seguridad, destacándose el caso del pozo profundo en El Barne Cómbita, una obra abandonada que ha generado una indagación preliminar para evaluar los daños y su alcance.