César Manrique, director de Función Pública, ha sido señalado en un presunto entramado de corrupción. La fiscal del caso, durante la audiencia de imputación a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), respectivamente, mencionó a Manrique como involucrado en una serie de contratos ilícitos en La Guajira. Según la fiscal, Manrique dirigía a empresarios para adjudicarles contratos a cambio de pagos indebidos.
Andrea Muñoz, la fiscal delegada para el juicio, mencionó que Manrique “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiple orden de proveedurías y contratos, direccionando a los empresarios a los que se les adjudicaría los contratos a cambios del pago de coimas”.
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César Manrique es abogado con doctorado en derecho de la Universidad Libre y posee especializaciones en derechos constitucional y público. Su carrera en el sector público incluye roles como concejal y alcalde de Fusagasugá, funcionario en la Gobernación de Cundinamarca y asesor en el Senado. También participó en el empalme administrativo con la gestión de transición del presidente Iván Duque.
Según El Tiempo, fuentes gubernamentales y del Pacto Histórico identificaron a Manrique como cercano al presidente de Colombia Gustavo Petro, mencionando que el funcionario ocupó cargos durante la administración de Petro como alcalde en Bogotá, incluyendo la dirección del Fondo de Vigilancia.
En la reciente audiencia, la fiscal destacó la implicación de Manrique en actos de corrupción relacionados con proveedurías y contratos a empresarios, ampliando el impacto del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El medio mencionado se comunicó con Carlos Manrique, preguntando acerca de su mención en el caso de la Ungrd. El director negó toda acusación y declaró que no tiene nada que ver en el caso de Olmedo López y Sneyder Pinilla ante la Fiscalía. “Eso es totalmente falso. Yo soy director de la Función Pública y no soy ordenador del gasto”, aseguró Manrique
El pasado judicial de César Manrique
El historial judicial de Manrique incluye un juicio por presuntas irregularidades en la compra de motos eléctricas durante la administración de Bogotá Humana. Las irregularidades detectadas se remontan al año 2012 cuando, a través de un mecanismo de contratación directa, el Distrito adquirió 100 motocicletas eléctricas modelo cross para la Policía Metropolitana de Bogotá. Esta adquisición implicó una inversión de $4.357 millones, con un costo unitario por motocicleta de $43.570.000.
En marzo de 2016, la Fiscalía imputó a César Manrique por los cargos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos. Según la investigación, el presunto daño patrimonial se estima en aproximadamente $1,200 millones, de acuerdo con la Personería del Distrito.
Aunque fue condenado inicialmente a 10 años de prisión, el fallo fue revocado en 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, las investigaciones se han reanudado en la Corte Suprema de Justicia para tomar una nueva decisión en el caso del contrato de las motos.
La Procuraduría lo sancionó por diez meses
Además, el 9 de julio la Procuraduría General de la Nación suspendió con diez meses de inhabilidad a Manrique por la presunta designación arbitraria de Álvaro Ninco Daza como embajador de Colombia en México. César Augusto Manrique, junto con el exministro de la Ciencia Álvaro Luna, defendieron que Ninco Daza poseía las cualidades necesarias, a pesar de no cumplir con los requisitos académicos estipulados, que incluyen una carrera profesional y un posgrado o su homologación con experiencia relevante.
Según Dolly Montoya, exrectora de la Universidad Nacional, los saberes de Ninco Daza no eran suficientes para compensar excepcionalmente los requisitos del cargo.
A pesar de la oposición de Montoya, que votó en contra del nombramiento en la Comisión Evaluadora, Luna Tapia y Manrique apoyaron que el presidente de la República compensara excepcionalmente los requisitos para el nombramiento.
La Procuraduría concluyó que ambos funcionarios no justificaron adecuadamente los méritos de Ninco Daza y que el examen de su hoja de vida fue erróneo. Además, se determinó que los servidores violaron principios de moralidad e igualdad, cometiendo una falta disciplinaria grave a título de dolo.
Este hecho se sumó a los escándalos del director de la Función Pública, que ahora resultó salpicado en el caso de la Ungrd.
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