Jesús Ávila Villadiego, también conocido como comandante Javier, o ‘Chiquito Malo’, líder del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, negó cualquier posibilidad de aceptar una ley de sometimiento, a pesar de la insistencia del presidente Gustavo Petro en abrir negociaciones basadas en esta normativa.
En una entrevista con Caracol Radio, ‘Chiquito Malo’ reveló por primera vez la postura del grupo armado.
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Villadiego declaró firmemente que el EGC no apoyará ninguna ley de sometimiento. “No existe posibilidad de que aceptemos una ley de sometimiento”, afirmó.
El EGC o Clan del Golfo, se ha consolidado como el grupo armado ilegal más grande de Colombia, con un notable crecimiento territorial. Según Fundación Pares, podría ser incluso el más grande en América Latina. Las cifras oficiales del gobierno estiman alrededor de 4.500 hombres armados en sus filas, aunque el mismo Javier sostiene que el número real se aproxima a nueve mil.
“Hemos solicitado al gobierno el levantamiento de las órdenes de captura contra los miembros del Estado Mayor Conjunto para iniciar los diálogos en condiciones de seguridad y confianza”, explicó ‘Chiquito malo’ a Caracol Radio. Esta demanda es vista por el líder del EGC como un paso inicial necesario para cualquier conversación seria sobre desarme y reintegración.
A pesar de las declaraciones del presidente Petro sobre su disposición a dialogar, las diferencias en las condiciones y expectativas de ambos lados han impedido avances significativos. Petro ha reiterado en múltiples ocasiones su deseo de negociar siempre y cuando el EGC acepte la Ley de Sometimiento, lo que incluye el desarme y reincorporación a la vida civil bajo términos legales estrictos.
En el contexto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo ha mostrado una capacidad considerable de adaptación y expansión, consolidando su control en varias regiones del país. Esta organización, que ha cambiado de nombre a lo largo de los años, se mantiene como una fuerza significativa en el panorama de los conflictos armados colombianos.
Durante la entrevista, Javier también abordó temas relacionados con la confianza y la necesidad de garantías por parte del Estado. “A fin de construir confianza, el gobierno debe mostrar buena fe levantando las órdenes de captura,” reiteró.
El Gobierno, por su parte, mantiene su posición de no ceder ante las demandas de grupos armados ilegales sin un compromiso claro y específico hacia el desarme y sometimiento a la justicia colombiana. Esto crea un punto muerto en las negociaciones, ya que ambas partes se mantienen firmes en sus condiciones.
En cuanto a la justicia transicional, el EGC considera fundamental este tipo de procesos para alcanzar la verdad, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición, ‘Chiquito malo’ enfatizó que “los procesos exitosos en el mundo indican que es necesaria una justicia transicional”.
Un aspecto relevante es la postura del EGC respecto a la representación política. A diferencia de los acuerdos de paz con las Farc, el Ejército Gaitanista de Colombia no tiene interés en adquirir representación en el Congreso de la República.
En lo que respecta a las prácticas delictivas, el comandate Javier negó enfáticamente que el grupo se dedique al secuestro y aseguró que esta práctica está prohibida en sus estatutos de constitución y régimen disciplinario. “
En términos de financiación, el EGC se distancia de la etiqueta de Cartel del Narcotráfico. Villadiego explicó que, aunque controlan territorios con presencia de cultivos ilícitos y laboratorios, no se consideran un cartel y solo se encargan de cobrar el impuesto al gramaje y controlar las actuaciones de los narcotraficantes. “De ninguna manera somos un Cartel del Narcotráfico”, indicó.
En cuanto a la estructura del grupo, el EGC está constituido en su mayor parte por campesinos, y cuenta con más de 10.000 hombres y mujeres. “Hay presencia de todas las regiones del país y tenemos la simpatía de todos los sectores que conforman la sociedad colombiana” declaro Villadiego. Además, destacó que están presentes en aproximadamente el 75% del territorio nacional.
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