Este jueves, a las 8:00 de la mañana, se llevará a cabo una audiencia donde la fiscalía colombiana imputará cargos al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López; al exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla; y al contratista Luis Eduardo López Rosero.
De acuerdo a la Revista Semana, a estas personas se les acusa de irregularidades en contratos millonarios, incluyendo la adquisición de 40 carrotanques para La Guajira.
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El exdirector López y el exsubdirector Pinilla han manifestado su disposición a seguir colaborando con las autoridades, proporcionando información que podría implicar a otros funcionarios, contratistas y políticos. Ambos han revelado detalles que sugieren la existencia de una red de corrupción que involucra a varias personas.
López ha expresado su temor por su vida debido a amenazas recientes. En un comunicado, mencionó: “Tengo miedo porque sé que poderosos que temen que se conozca la verdad me quieren silenciar”.
La Revista Semana ha tenido acceso a un derecho de petición dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón. En este documento, se solicita información sobre otras líneas de investigación abiertas a partir de las declaraciones de López y Pinilla.
Se menciona a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y a Luis Carlos Barreto, actual subdirector para el manejo de desastres de la UNGRD, quienes aún no han sido requeridos judicialmente.
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La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia ha destacado la gravedad de los hechos y ha pedido que se imputen cargos a Ortiz y Barreto. Se les acusa de delitos como concierto para delinquir, concusión, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular.
Además, se mencionan a Jaime Ramírez Cobo, asesor de la Presidencia, y María Alejandra Benavides, asistente del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quienes aparecen en conversaciones relacionadas con la ejecución de tres contratos en los municipios de Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).
Los contratos de obra mencionados tienen valores significativos. El contrato de Cotorra, Córdoba, estaba destinado a obras de intervención correctiva para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias, con un costo de 50 mil millones de pesos. El contrato de El Salado, Bolívar, buscaba construir estructuras de contención para mitigar la erosión y transporte de sedimentos, con un valor de 12.356 millones de pesos.
Finalmente, el contrato en Saravena, Arauca, se centraba en construir obras de protección para reducir el riesgo y prevenir inundaciones en el río Bojaba, con un presupuesto de 30 mil millones de pesos.
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