Andrés Calle insistió en su inocencia en medio del escándalo de la Ungrd: “Se volvió costumbre delinquir y buscar beneficios”

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), el ex subdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, comparecieron el jueves 25 de julio ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos relacionados con el caso de corrupción que involucraba el manejo de fondos públicos destinados a la gestión de desastres.

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Los delitos por los que se les acusó fueron: concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación agravado por cuantía, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, los imputados no aceptaron cargos.

Durante la audiencia, presidida por el juez Cidulfo Hernández, se conoció que los exfuncionarios habrían pagado una coima de $4.000 millones que, según sus declaraciones, fueron destinados a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

La polémica audiencia ha generado un gran revuelo en el país, llevando a Andrés Calle a salir en su propia defensa.

Primero, señaló que: “En Colombia se ha vuelto costumbre delinquir y luego buscar beneficios procesales a cambio de ofrecer información construida a través de relatos falsos, muy bien planeados y concertados”, empezó escribiendo en su cuenta de X.

Seguido, desmintió categóricamente las acusaciones en su contra y reiteró su compromiso con la transparencia: “NO he cometido delito alguno, mi actuar ha sido honesto, lo demostraré ante la justicia”, concluyó.

Durante la audiencia del jueves 25 de julio, la fiscal Andrea Muñoz, fiscal 79 anticorrupción reveló que en el contrato por más de $46.800 millones para la adquisición de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua La Guajira, se registraron más de $14.163 millones en sobrecostos, de donde habrían salido los sobornos.

De acuerdo el ente acusador, de ese total, $7.821 millones fueron entregados al contratista principal. Sin embargo, $5.342 millones se destinaron específicamente a Pinilla para cumplir con compromisos presuntamente pactados previamente.

Estos pagos fueron identificados como parte esencial del esquema de corrupción descubierto en la investigación y se habrían repartido de la siguiente forma: a Iván Name $3.000 millones, a Andrés Calle $1.000 millones y a Olmedo López $742 millones. Por su parte, Sneyder Pinilla se habría quedado con $342 millones.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, está implicado en la presunta coordinación del direccionamiento de contratos públicos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), según revelaciones recientes de la Fiscalía.

La fiscal Muñoz también señaló que María Alejandra Benavides, asesora del ministro, se habría contactado con Olmedo López y Sneyder Pinilla para avanzar en el proceso de adjudicación de contratos por un monto total de $92.000 millones, presuntamente destinados a sobornar congresistas.

Adicionalmente, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, estaría relacionado con las órdenes directas de pagar sobornos por más de $4.000 millones a Iván Name y Andrés Calle.

Esta operación habría sido facilitada por la participación de César Manrique, director de Función Pública, quien junto con otras personas, está acusado de gestionar de manera ilícita múltiples contratos y proveedurías a cambio de coimas.

La Fiscalía también acusó a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, de coordinar el pago de sobornos a los expresidentes de Senado y Cámara y mencionó a Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de Olmedo López, por presuntamente participar en la falsificación de documentos para el desembolso de más de $46.800 millones, quedándose con $1.000 millones entregados por ‘El Pastuso’.

Finalmente, los congresistas Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, habrían seguido instrucciones del ministro Bonilla en la adjudicación irregular de contratos.