La Procuraduría General de la Nación inició una investigación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por un posible detrimento patrimonial. La noticia surgió tras conocer que algunos profesores de la facultad de Tecnología perciben salarios que rondan los 58 millones de pesos, una cifra significativamente superior a la estipulada por la ley.
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El caso no se detiene ahí. Otros 27 docentes también están en la mira, ya que sus sueldos exceden los límites salariales establecidos por el Ministerio de Educación para los servidores públicos. Esta situación ha encendido las alarmas en la Procuraduría, que ha decidido indagar a fondo las razones detrás de estas remuneraciones infladas.
La Procuraduría Segunda Distrital se encargará de llevar a cabo esta investigación, con la misión de esclarecer cómo se llegó a estos pagos y quiénes son los responsables. Para ello, se ha ordenado la recolección de pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar si existe una mala gestión de los recursos públicos.
Este caso pone en el ojo del huracán a la Universidad Distrital, sus directivos y funcionarios, quienes ahora deberán responder ante las autoridades por estas irregularidades que afectan las finanzas públicas y la confianza en las instituciones educativas.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas debido a un presunto detrimento patrimonial relacionado con pagos excesivos a algunos docentes. Si las irregularidades son confirmadas, las sanciones podrían ser severas y variadas.
En primer lugar, los funcionarios y docentes implicados podrían enfrentar la destitución de sus cargos e inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período determinado. Esta medida busca asegurar que los responsables de las irregularidades no vuelvan a ocupar puestos en los que puedan afectar el patrimonio público.
Además de la destitución, podrían imponerse multas económicas proporcionales al daño causado. Las cifras exactas serían determinadas al concluir la investigación, tomando en cuenta el grado de responsabilidad y la magnitud del detrimento patrimonial.
En el ámbito penal, si se evidencian conductas delictivas como peculado por apropiación o malversación de fondos públicos, los responsables podrían ser sujetos a procesos penales. Esto podría resultar en penas de prisión, cuya duración sería establecida por un juez competente.
Finalmente, los implicados podrían ser obligados a resarcir el daño económico causado, devolviendo las sumas que recibieron de manera indebida. La Procuraduría tiene la facultad de tomar medidas administrativas, mientras que cualquier proceso penal sería competencia de la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales.
Respuesta desde la Distrital
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas emitió un comunicado en respuesta aclarando los factores que determinan la asignación de puntos salariales y la remuneración inicial de los docentes universitarios estatales, conforme al Decreto 1279 de 2002. El documento explica que la remuneración se calcula multiplicando la suma de puntos obtenidos por los docentes en función de sus títulos universitarios, la categoría dentro del escalafón docente, la experiencia calificada y la productividad académica, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 6 del mencionado decreto.
No es la primera vez que investigan a la Universidad Distrital
El Concejo de Bogotá realizó un debate de control político contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por presuntas irregularidades financieras. La concejal Heidy Lorena Sánchez del partido Unión Patriótica señaló la reducción de los fondos de la universidad de 246 mil millones de pesos en 2022 a 131.813 millones en 2023. La sesión que fue organizada el 10 de julio de 2024, también abordó actos de corrupción. Rocío Dussán, del Polo Democrático Alternativo, denunció la pérdida de más de 3.000 millones de pesos y pidió a la Fiscalía General intervenir.
Diana Diago, del Centro Democrático, cuestionó la gestión del rector debido a la falta de crecimiento en el número de estudiantes desde 2020. Rubén Torrado, del Partido de la U, criticó los gastos excesivos en comités de investigación. María Victoria Vargas destacó un probable conflicto de interés del rector, mientras Clara Lucía Sandoval denunció problemas en las instalaciones.
El rector Giovanny Tarazona defendió su gestión y justificó los altos salarios de algunos profesores como ingresos adicionales por producción científica. La universidad refutó las acusaciones y defendió su trabajo académico e investigativo. Tarazona atribuyó la falta de 2.797 millones de pesos a un error tipográfico.
las numerosas irregularidades denunciadas exigen una revisión exhaustiva y transparente para restaurar la confianza en la administración de la prestigiosa entidad educativa pública
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