Paro de taxistas: Bogotá prohibió vehículos particulares para el servicio de transporte público: ¿fin de las apps?

Después del paro nacional de taxistas que bloqueó varias vías importantes de la capital y otras ciudades del país, el 24 de julio de 2024, se llevó a cabo una reunión entre varios miembros de este gremio y la administración distrital de Bogotá encabezada por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero; la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; y el subsecretario de Seguridad, Alberto Sánchez.

Durante la mesa de trabajo, se lograron varios acuerdos significativos. En primer lugar, se reafirmó la necesidad de que el servicio de transporte público cumpla con las condiciones legales vigentes, destacando que bajo ningún concepto los vehículos particulares, ya sean automóviles o motocicletas, pueden ofrecer este tipo de servicios.

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Además, se mencionó que la Administración local está llevando a cabo distintos operativos de control para garantizar el cumplimiento de las normativas, en colaboración con los Agentes de Tránsito de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito. Con base en los datos presentados por la Secretaría de Movilidad, hasta el 15 de julio de 2024 se habían emitido más de 7.600 órdenes de comparendos contra aquellos que operan de manera ilegal.

Edison Perilla, presidente del sindicato Taxi Club Bogotá, confirmó que no habrá más bloqueos en la ciudad por parte del gremio. La decisión fue tomada después de que la Alcaldía de Bogotá se comprometió a aumentar los operativos contra los conductores de vehículos particulares que operan a través de plataformas de transporte.

En este encuentro, también se acordó que tanto las autoridades como los representantes del gremio trabajarán conjuntamente para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios. Se comprometieron a seguir adelantando mesas de trabajo para evaluar y proponer soluciones a las diversas problemáticas del gremio de taxistas. Asimismo, las autoridades enfatizaron que estas mesas de diálogo continuarán, siempre y cuando las acciones no deriven en protestas o bloqueos que afecten la movilidad y el orden público de la ciudad, reiterando el respeto al derecho a la protesta social pacífica.

En paralelo, se conoció recientemente que un juzgado en Bogotá denegó una solicitud de tutela presentada por una empresa de taxis que buscaba cortar la conectividad a aplicaciones de transporte como Cabify, Didi, Indrive y Uber. La acción judicial fue promovida por Cotech Comunicación, Tech y Transporte S.A., una firma afiliada a Taxis Libres, y tenía como objetivo que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) obligara a los proveedores de Internet a suspender sus servicios a dichas aplicaciones.

El Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá revisó la demanda de Cotech. La compañía alegaba que las plataformas tecnológicas amenazaban su modelo de negocio y solicitaba que se impidiera a proveedores de servicios de telecomunicaciones, como Claro, Movistar, Tigo, ETB y Wom, prestar servicio de conectividad a las aplicaciones mencionadas. Sin embargo, el juzgado consideró que Cotech no presentó argumentos convincentes sobre cómo se afectaba su derecho fundamental a la administración de justicia. Además, señaló que muchos de los hechos presentados eran apreciaciones subjetivas que no contribuían al análisis de la acción constitucional.

A pesar de la decisión, el estrado judicial reconoció tres aspectos importantes: la ilegalidad de las aplicaciones de transporte bajo la normativa actual, el incremento del número de vehículos circulando sin regulación adecuada y el impacto ambiental resultante. Asimismo, sostuvo que las empresas de transporte regulado están en desventaja porque las tarifas de las aplicaciones no están sujetas a las mismas condiciones.

Por su parte, representantes de Maximobility S.A.S. (Cabify) e Indriver calificaron la acción como improcedente, argumentando que cumplen con las disposiciones legales conforme a la Ley 1450 de 2011. Además, tanto MinTic como las empresas de telecomunicaciones señalaron la falta de legitimación en la causa y la necesidad de agotar otros mecanismos antes de acudir a la acción de tutela.

Durante las protestas, líderes del gremio de taxistas denunciaron también la intimidación de agentes de tránsito por parte de motociclistas dedicados al transporte informal a través de aplicaciones. Hugo Ospina, portavoz del gremio, afirmó que grupos de motociclistas estaban formando “autodefensas” para confrontar a los oficiales de tránsito.