El presidente de la Corte Suprema de Justicia rechazó filtración del testimonio de Olmedo López en el escándalo de la Ungrd: “Es deber de la judicatura mantener la reserva”

El magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, condenó enérgicamente la filtración de la declaración del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, en el caso de presunta corrupción en dicha entidad.

Esta denuncia se realizó el martes 23 de julio durante la conmemoración de los 19 años de Justicia y Paz.

Chaverra anunció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó una investigación para identificar a los responsables de esta violación de la reserva de la información.

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Así mismo, resaltó que las investigaciones judiciales están amparadas por la confidencialidad, y reafirmó que la divulgación de los detalles es una infracción grave. “Es deber de la judicatura y de las partes intervinientes mantener la reserva”, recalcó Chaverra.

Previo a esto, el 17 de julio, la Sala de Instrucción decidió apartar al magistrado Héctor Alarcón de la investigación del caso debido a la filtración de las declaraciones de López.

En la misma línea, Chaverra indicó que la Corte mantiene un compromiso inquebrantable con la imparcialidad y rigurosidad en sus investigaciones. “La Corte trabaja con rigor, independencia, juicio y sin pausa para el esclarecimiento de los hechos”, afirmó.

La Fiscalía General de la Nación remitió copias compulsadas a la Sala de Instrucción, señalando la presunta implicación de varios congresistas en los actos de corrupción en la Ungrd. A este respecto, Chaverra enfatizó que la Corte tiene la competencia de investigar y juzgar a los congresistas involucrados según los informes de la Fiscalía. “A la Corte le corresponde investigar y juzgar a los congresistas”, destacó.

Durante el evento conmemorativo se hizo evidente la preocupación del alto tribunal por las filtraciones y la necesidad de preservar la integridad de las investigaciones.

En consecuencia, se ha ordenado la compulsa de copias para que se efectuén más investigaciones destinadas a esclarecer quién violó la reserva judicial. Chaverra insistió en la importancia de la lealtad y la confidencialidad por parte de todos los implicados en el proceso judicial.

La declaración de Olmedo López entregada a la Corte en su función de exdirector de la Ungrd se convirtió en un punto fundamental de la controversia debido a la filtración indebida. Este evento subraya la fragilidad de mantener la confidencialidad en casos sensibles y comprometidos, y la necesidad de medidas estrictas para prevenir futuros incidentes similares.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, cerró su intervención reiterando la disposición del tribunal para llevar a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos e imponer las sanciones correspondientes. Esta situación resalta la continua vigilancia y el compromiso de la justicia colombiana para enfrentar y resolver casos de corrupción de alto nivel.

Olmedo López, exdirector de Gestión del Riesgo, presentó su declaración ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de junio, detallando un supuesto entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno. En su testimonio, según difundió Noticias Caracol, López implicó al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al director de Inteligencia Nacional Carlos Ramón González, y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

López señaló que las decisiones para otorgar contratos millonarios se tomaron en reuniones, denominadas como “cónclaves”, llevadas a cabo en la casa de Nariño. Según López, estos encuentros ocurrieron el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023. En dichas reuniones habrían participado el exministro Velasco, el ministro Bonilla y González, entre otros. En estos encuentros, se habrían discutido los detalles sobre cómo y a quiénes se asignarían los contratos, involucrando a congresistas y empresarios beneficiados.

Entre las acusaciones, López mencionó que Bonilla aprobó agregar $208 mil millones de al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tres meses antes de las elecciones regionales. Esto habría contado con el respaldo de alrededor de 20 congresistas, entre ellos los conservadores Liliana Bitar y Wadith Manzur, además del liberal Juan Pablo Gallo. Además, López afirmó que el ministro Bonilla instruyó la direccionamiento de tres contratos por un total de 92 mil millones de pesos para favorecer más congresistas.

Una de las denuncias más graves es la supuesta asignación de contratos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para asegurar la manutención de sus miembros mientras se hablaba de paz. Según López, Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca, habría intermediado en estas negociaciones para que el ELN cesara los secuestros y retomara el diálogo con el gobierno. Esta denuncia no es nueva, ya que durante años se han registrado casos de contratación pública controlada por grupos guerrilleros en la región.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro las calificó como “falsas” y argumentó que eran un intento de distraer la atención de los logros sociales de su gobierno, como la reciente firma de la reforma pensional. Petro añadió: “Hemos entregado pruebas a la Fiscalía sobre cómo el ELN había lavado dinero en el gobierno anterior, pero no en el mío”.

La defensa de López, por su parte, expresó preocupación por la filtración del video con su testimonio. Sus abogados señalaron que dicho material solo debía estar en manos de ciertas partes procesales y denunciaron que dos colaboradores renunciaron por temor a represalias.