Defensor del ministro de Hacienda aseguró que no hubo ningún delito en destinación de recursos de la Ungrd a proyectos en el Caribe

El abogado Javier Torres, defensor del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, envió un comunicado a la Fiscalía donde se manifiesta que no hubo ningún delito en la gestión de los tres proyectos para los municipios de Cotorra, El Salado y Saravena.

Además, también le pidió al ente fiscal que recaude Elementos Materiales Probatorios (EMP) en el Ministerio de Hacienda para verificar que la información que acusa a Bonilla no tiene mérito legal. Según la defensa del ministro, los proyectos fueron logrados y realizados desde el marco legal.

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Javier Torres sostuvo que Ricardo Bonilla no estuvo implicado en los supuestos casos de corrupción en los proyectos municipales. “Los recursos públicos de los tres proyectos estaban aprobados y en trámite desde el año 2021, y el ministro y su despacho se limitaron a verificar que se cumpliera el proceso legal vigente en beneficio de las comunidades y no en beneficio propio”, afirmó el abogado.

Esta respuesta se da después de los señalamientos al ministro Ricardo Bonilla donde Olmedo López lo acusó de direccionar contratos para beneficiar al Ejercito de Liberación Nacional en diferentes puntos del país.

Estos señalamientos hacen parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha tenido un impacto significativo en el panorama político colombiano. Altos funcionarios de la presidencia, ministros, congresistas, y alcaldes de pequeños municipios han sido señalados por su presunta participación en irregularidades.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ha sido identificado como uno de los principales actores implicados. Además, tres exalcaldes fueron acusados de manipular contratos de emergencia, algunos de los cuales se centraban en la respuesta a calamidades inexistentes o inflaban costos para obtener más fondos de los necesarios. Según reportes estas prácticas corruptas buscaban asegurar beneficios políticos y financieros.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, confesó ante la Corte Suprema de Justicia que parte del dinero destinado a emergencias climáticas fue desviado para financiar a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros dirigentes políticamente alineados. López describió el esquema de corrupción como una cadena que involucraba a varios niveles del gobierno y contratistas locales.

Uno de los contratos más cuestionados estaba destinado a Cotorra, Córdoba, donde el presupuesto aprobado para un proyecto de drenaje de aguas lluvias casi se duplicó sin justificación clara. María Eugenia López, la actual alcaldesa, manifestó que el aumento del presupuesto y la presentación del proyecto fueron gestionados por la administración anterior, liderada por Guillermo Llorente.

En Carmen de Bolívar, Bolívar, el actual alcalde Pedro Vásquez negó haber recibido los fondos necesarios para un proyecto similar, pese a su preaprobación en el periodo de su antecesor, Carlos Torres. Vásquez insistió que el dinero nunca llegó al municipio y solicitó claridad sobre el destino de esos recursos.

El caso en Saravena, Arauca, es particularmente grave debido a la supuesta implicación del ELN, conocido por su fuerte presencia en la región. Según López, en su testimonio ante la Corte Suprema, parte del dinero destinado a proyectos de prevención de inundaciones estaba destinado a esta guerrilla.

Olmedo López reapareció en un video difundido el 24 de julio por el medio Noticias Caracol solicitando protección para él y su familia debido a las amenazas que enfrenta luego de testificar ante la Corte Suprema de Justicia y entregar documentación a la Fiscalía General de la Nación.

López informó que ha proporcionado más de trescientos folios a la Fiscalía, destacando su colaboración en el esclarecimiento de un caso de corrupción en la Ungrd que involucra la gestión irregular de recursos para emergencias. Manifestó su temor por posibles represalias, señalando a individuos poderosos interesados en silenciarlo.

Según La W, más de 400.000 millones de pesos en contratos de obras públicas fueron adjudicados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante la administración de Olmedo López, según documentos revelados el 22 de julio de 2024. Estos contratos, que no muestran avances significativos, son objeto de investigación por posibles indicios de corrupción.