Andrey Avendaño, jefe negociador de las disidencias de las Farc con el Gobierno, asegura que operativo contra la caravana de la UNP era para capturarlo: “Fue una emboscada”

Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, uno de los negociadores de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, afirmó en una entrevista con Caracol Radio que teme que la reciente detención que hizo el Ejército Nacional a una caravana en Catatumbo haya sido un intento de capturarlo a él específicamente.

El 23 de julio, las fuerzas militares detuvieron siete camionetas en la vía que conecta Catatumbo con Anorí.

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El Ejército Nacional identificó estos vehículos y detuvo a seis disidentes de las Farc, quienes enfrentaban órdenes de captura o llevaban armamento ilegal. Durante los primeros momentos de la operación, los ocupantes de las camionetas rehusaron a abrir las puertas, demorando el proceso de verificación.

Avendaño, hombre clave en los actuales procesos de negociación con el Gobierno, expresó que estos eventos han afectado la confianza entre las partes implicadas en el diálogo. Agregó que los detenidos formaban parte de su delegación y que sus problemas jurídicos se deben a la “falta de voluntad política”.

En declaraciones a Caracol Radio, Avendaño indicó que están a la espera de más detalles oficiales por parte de la dirección para evaluar la situación completa. Según sus palabras “por el momento seguimos evaluando la situación, sin duda alguna es un hecho gravísimo, sobre todo por la confianza de aquellos que estamos en estos procesos de diálogo”.

Estos hechos generan incertidumbre sobre la continuidad y seguridad de las negociaciones de paz en curso, pues la detención de integrantes clave podría complicar futuros avances en los diálogos.

Avendaño aseguró que las fuerzas militares llevaron a cabo una “emboscada”. Según el negociador, los militares detuvieron a las personas que viajaban en los vehículos, muchos de ellos con el rostro cubierto. De acuerdo con él, la operación se realizó creyendo que el negociador se encontraba en uno de los vehículos, con la presunta intención de ejecutar una orden de captura en su contra.

El negociador explicó que considera estas acciones fuera de los parámetros de la ley y afirmó que las fuerzas del Estado no deben ocultarse si están actuando dentro de la legalidad. “Pensamos nosotros que va fuera de los parámetros de la ley, de un Estado soberano que no tienen que esconder nada,” dijo el negociador, quien prefirió mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad.

Agregó que su orden de captura ya no está vigente debido a un decreto de cese al fuego que ya expiró. “Si ustedes recuerdan, mi orden había perdido vigencia con el decreto del cese al fuego que ya venció”, destacó el negociador, sugiriendo que las autoridades lo buscaban bajo una premisa equivocada.

En relación con la suma de dinero de sesenta millones de pesos que fue encontrada en el esquema de seguridad del grupo, el negociador justificó su posesión indicando que se utiliza para cubrir gastos necesarios para la subsistencia y mantenimiento de sus actividades.

“Estamos en un proceso, hasta el momento no tenemos un documento que diga que el Gobierno nos va a proporcionar los gastos”, explicó. Según Avendaño el dinero se destina a cubrir gastos básicos y operativos como comida, peajes, ropa y útiles de aseo.

Además, el negociador insistió en la responsabilidad que tienen hacia los miembros de su grupo, muchos de los cuales son jóvenes que dependen económicamente de la organización. “Tenemos responsabilidades sobre gente, sobre muchos muchachos a la cual toca proporcionar todos los gastos”, reiteró. En su opinión, si el Gobierno decidiera financiar sus necesidades, no tendrían la necesidad de portar grandes sumas de dinero.

La negativa a recibir apoyo financiero gubernamental parece también estar vinculada a una desconfianza persistente respecto a las intenciones y futuros compromisos del Estado hacia su grupo. Aunque abiertos a la posibilidad de que el Gobierno proporcione sustento económico, siguen operando de manera independiente.

Este incidente elevó las tensiones en las negociaciones y planteó preguntas sobre la transparencia y legalidad frente a cómo se otorgan los esquemas de seguridad de la UNP y alrededor de quienes pueden usarlo.