Alcalde de Arauca viajó a Bogotá para denunciar el secuestro de 5 personas y 12 adultos en el municipio

Aunque buscaba denunciar la grave situación ante el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, no fue atendido por el alto funcionario del Gobierno Nacional

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Fotografía de archivo del alcalde de Arauca (Arauca) Juan Quenza. (Crédito: Cuenta de Facebook de Juan Quenza)
Fotografía de archivo del alcalde de Arauca (Arauca) Juan Quenza. (Crédito: Cuenta de Facebook de Juan Quenza)

Si en el occidente del país hay graves problemas de orden público por cuenta de la acciones armadas de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, en el oriente tampoco hay paz, donde esos grupos insurgentes, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, sostienen enfrentamientos contra el ELN por el control de las rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, donde se denunció un grave hecho de violencia en zona rural de los municipios de Tame y Puerto Rondón, donde cinco niños y 12 adultos fueron secuestrados, y en donde, además, 130 personas tuvieron que desplazarse forzosamente.

Por esa situación, el alcalde de Arauca (Arauca), Juan Quenza, viajó el martes 23 de julio a Bogotá para denunciar ante el Gobierno Nacional, la grave situación humanitaria en ese departamento en zona de frontera con Venezuela, indicaron en el informativo de televisión Noticias RCN.

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”En este momento contamos con el municipio de Puerto Rondón y Tame con más de 200 familias desplazadas, 17 secuestrados, dentro de ellos cinco menores de edad, uno de 16, uno de 10 y otro de 5 años que se han reportado ante las autoridades”, afirmó el mandatario local.

Agregaron que Quenza buscaba sostener una reunión con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para ponerle de conocimiento de la complicada problemática que está padeciendo la población en esa zona de los Llanos Orientales, pero el alto funcionario no lo habría atendido.

“Quedaron en comunicarse conmigo, pero yo espero que vayan a la zona”, afirmó en ese noticiero el alcalde de la capital araucana.

Finalmente le solicitó al Gobierno Nacional, que los altos funcionarios actúen en ese departamento, ya que la violencia se está incrementado cada vez más.

“Le hago un llamado al Gobierno Nacional y al alto comisionado, especialmente al presidente de la República, ya llegó el momento llevamos tres días en Tame y Puerto Rondón donde hay masacres. Si ellos están en esa mesa de diálogos con las Farc y el ELN es el momento de exigirles un cese el fuego”, solicitó.

Personería local pidió respeto a la vida de los secuestrados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personerías de Tame y Puerto Rondón, los municipios a los que pertenecen estas veredas, informaron que ocurrió “una situación humanitaria” que originó el desplazamiento de 60 personas al área urbana de Puerto Rondón y de 17 a Tame, además de un desplazamiento interno entre veredas de otros 70 vecinos.

Asimismo, “un grupo armado se habría llevado” a 17 personas, entre las cuales se encuentran menores de edad: una niña de 10 años, uno de 7, uno de 5 y otra menor.

“Pedimos el respeto por la vida de estas personas, entre las cuales hay menores de edad, solicitamos a los organismos de cooperación internacional y al Gobierno nacional establecer un canal de comunicación con el actor armado que los tiene retenido con el fin de lograr su liberación sanos y salvos”, señalaron las personerías.

Aunque no mencionan a ningún actor específico presente en el territorio, medios locales lo atribuyeron a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene en Arauca su principal bastión.

La escasa presencia estatal ha permitido que el ELN, que mantiene un cese al fuego bilateral con el Gobierno pero no con otros grupos, se enfrente en Arauca con disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes que buscan controlar la zona para sus actividades ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de combustibles y la trata de personas, entre otras.

En mayo, la Defensoría del Pueblo denunció que más de 600 personas protegidas han sido asesinadas en poco menos de dos años en este departamento petrolero, en crímenes cometidos por los grupos armados, y solo en 2024 se han registrado al menos 60 homicidios.

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