Se desata controversia por contratos en Usme en manos de contratistas relacionados con el escándalo de la Ungrd

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Plan de Desarrollo llevada a cabo en la mañana del lunes 22 de julio en el Concejo de Bogotá, se desató una controversia que involucra a varios contratistas con vínculos con los recientes escándalos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La denuncia sugiere que estos contratistas podrían estar al frente de importantes proyectos viales en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, lo que generó preocupación en el gabinete distrital y entre los habitantes de la zona.

El concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, fue el primero en levantar la alarma sobre estos contratistas, al señalar que la situación es alarmante debido a los antecedentes de corrupción y mala gestión asociada a las empresas involucradas.

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Briceño expuso que el proceso de licitación para una obra de $15.000 millones destinados a la malla vial de Usme, realizado bajo la supervisión de Dorian de Jesús Coquies, exalcalde de la localidad y cercano a la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, fue objeto de serias irregularidades.

Según Briceño, se detectó una posible colusión entre los 39 oferentes que participaron en la licitación. Este fenómeno, en el cual los competidores se ponen de acuerdo para simular una competencia y repartir los contratos entre ellos, es alarmante y sugiere una falta de transparencia y justicia en el proceso.

“Es muy grave lo que está pasando en la alcaldía local de Usme. Contratistas cuestionados hoy por el desfalco y el robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo acaban de entrar a manejar la malla vial de la localidad”, aseguró el concejal.

El contrato fue finalmente adjudicado al Consorcio Samproto, un conglomerado que incluye a Ritmos Construcción y Consultoría S.A.S., cuyo representante, Juan Sebastián Pérez Benítez, también está vinculado a la empresa Búnker Construcciones S.A.S, según Briceño.

Además, destacó que Búnker Construcciones fue protagonista de numerosos contratos polémicos, como aquellos relacionados con el controvertido John Abiud Ramírez, conocido como John Avión, en la Cámara de Representantes. Así mismo, la empresa figura como parte del Consorcio Prosperidad Oiba, el cual estuvo involucrado en un contrato de $42.000 millones, entregado bajo circunstancias cuestionables.

Las acusaciones no se limitan a irregularidades en Bogotá. Briceño también destacó que Búnker Construcciones enfrenta problemas en otros contratos a nivel nacional, como el caso de una vía en Valledupar con graves afectaciones y un litigio por $1.000 millones relacionados con el acueducto de Ibagué. Estas complicaciones generan dudas sobre la capacidad de la empresa para gestionar adecuadamente un proyecto tan crucial como el de la malla vial de Usme.

“Descubrimos y encontramos que se pusieron de acuerdo más de 38 frentes; hay una presunta colusión de 38 gerentes y 38 consorcios, cuya procedencia todas son de la Costa Caribe. Eso es muy llamativo, y esto para simular una supuesta competencia”, detalló Briceño.

Por su parte, el ingeniero civil Rodrigo Fernández, conocido por su trabajo en el sector público y privado y por su vigilancia en la transparencia de contrataciones en Colombia, también expresó su preocupación por un caso similar en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Fernández, a través de sus redes sociales, hizo un llamado de atención sobre el proceso convocado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para la interventoría de la malla vial por un valor de $3.318 millones. Según Fernández, el proceso está viciado por la falta de requisitos específicos para los directores de interventoría, quienes deben ser especialistas en áreas legales, sociales o de seguridad y salud en el trabajo (SST), lo que podría estar favoreciendo a ciertos contratistas en detrimento de la calidad y la transparencia.

En medio de crecientes preocupaciones por la transparencia en la contratación pública, la Alcaldía Local de Usme tomó medidas para abordar las denuncias sobre presuntas irregularidades en los contratos de obras viales. Esta acción sigue a los bloqueos protagonizados por la comunidad de Usme meses atrás, en protesta por los atrasos en las obras viales en la localidad.

El secretario de Gobierno de Usme, Gustavo Quintero, anunció que la administración ha solicitado una vigilancia exhaustiva del contrato adjudicado para la malla vial por parte de los entes de control: “Desde la Secretaría de Gobierno, hemos solicitado a la Veeduría y a la Contraloría hacer vigilancia y auditoría al proceso de contratación de malla vial adjudicado por la Alcaldía Local de Usme el 16 de julio del año en curso. Este acompañamiento incluye las etapas de adjudicación y ejecución”.

El secretario explicó que esta solicitud se enmarca en un esfuerzo por garantizar la transparencia en los procesos contractuales de los Fondos de Desarrollo Local (FDL).

“El proceso mencionado contó con acompañamiento de Veeduría en la etapa pre-contractual y en la audiencia de adjudicación. Con esta solicitud seguimos fortaleciendo el seguimiento a la contratación que se hará desde la secretaría, a los procesos adelantados por los Fondos de Desarrollo Local”, manifestó Quintero.