Comisión de Acusaciones de la Cámara aplazó la elección de su nueva mesa directiva para el 30 de julio: señalan al Gobierno de intervención

Con la instalación del Congreso realizado el pasado 20 de julio, también iniciaron las movidas sobre la elección de las nuevas mesas directivas de las Comisiones Constitucionales del Congreso.

Una de ellas es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, encargada de actuar sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, entre ellos, el presidente de la República.

De hecho, esta comisión actualmente investiga a Gustavo Petro, actual mandatario de los colombianos, sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña y la violación de los topes electorales.

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Por ello, se ha notado que en el recinto de la democracia, hay varios movimientos del Gobierno para frenar cualquier decisión que tome esta corporación; recientemente, Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Acusaciones, anunció que la sesión donde se elegirá al nuevo presidente no se realizará hoy martes 23 de julio, sino el próximo 30 de julio, lo que generó incertidumbre en los congresistas que integran esta comisión.

Uno de los argumentos del secretario es que el presidente saliente, el representante conservador Wadith Manzur, no podía convocar a sesión, debido a que ya no ocupa dicha distinción desde el pasado 20 de julio, por lo que esto se debe hacer expresamente por la Secretaría.

La problemática inició en la tarde del lunes 22 de julio, cuando el congresista conservador citó a través de un correo electrónico a los representantes para elegir al nuevo presidente de la corporación. Sin embargo, el secretario Jairo Corzo negó comunicar la decisión a los parlamentarios, e indicó que la fecha para la elección debía ser fijada con tres días de antelación, razón por la cual fue aplazada la sesión de la Comisión para la próxima semana.

Para este periodo legislativo, la Comisión estará a cargo del partido Liberal, entre los cuales suenan los representantes Leonardo Gallego y Karime Cotes para presidir la corporación.

El primero cuenta con el respaldo de diferentes bancadas, como el Centro Democrático, Cambio Radical y sectores independientes como la representante del partido Alianza Verde, Katherine Miranda, quien perdió la presidencia de la Cámara a manos de su compañero Jaime Raúl Salamanca, y ha sido férrea crítica de las propuestas del mandatario nacional.

Mientras que Cotes tiene el respaldo de las bancadas del Pacto Histórico, Comunes y otros sectores cercanos al presidente Gustavo Petro; además, integra el grupo de mujeres del sector progresista del Partido Liberal, autoproclamadas Liberales sin piedad, por lo que el aplazamiento de la sesión fue como una estrategia para que la congresista concrete los votos necesarios para alcanzar la presidencia.

El pasado 16 de mayo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le pidió al Consejo Nacional electoral que le envíe las investigaciones que adelantan contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña y posible violación de topes establecidos.

En un comunicado, la corporación recordó que ellos son los únicos competentes para investigar al jefe de Estado, de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución Política de Colombia.

“Aunque ese organismo es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al Presidente la República la tiene el Congreso de la República por ser el juez natural al amparo del fuero constitucional”, se lee en el comunicado.

A este llamado se había sumado el abogado Mauricio Pava Lugo, defensor del presidente Petro, quien expresó su preocupación por un ‘potencial’ sesgo debido a la afiliación política de los miembros del CNE, tras revelarse audios y videos de la declaración de Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña Petro Presidente, en la Comisión de Acusaciones del Congreso, donde negó haber recibido aportes de individuos cuestionados y subrayó que la campaña se rigió por estrictas directrices para evitar exceder los topes de gastos y la entrada de fondos ilegales.