Presidente de la Corte Suprema rechazó la propuesta de Petro de trasladar comparecientes de Justicia y Paz a la JEP

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, en el encuentro de los 19 años de la ley de Justicia y Paz, creada como una “Justicia Transicional” en el proceso de paz con los grupos paramilitares, mostró sus reparos contra la propuesta del presidente Gustavo Petro de trasladar a los comparecientes de la ley a la Justicia Especial de Paz (JEP).

“No surge conveniente que de manera indistinta aquellas personas que se acogieron a Justicia y Paz sean ahora involucradas como comparecientes de la JEP. Ello deja en evidencia que el postulado que incumplió sus compromisos pueda pasar impunemente a otro sistema”, indicó el magistrado Chaverra.

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Chaverra destacó el modelo de Justicia y Paz, debido a que en su desarrollo se buscó temas de memoria, verdad, justicia y reparación, con el objetivo de encontrar un balance “entre la demanda de paz y el clamor por justicia de la sociedad ante los hechos perpetrados por estos grupos como graves violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos”.

Por tal razón, destacó que no ha sido fácil alcanzar esos objetivos: “Los retos han sido múltiples, desde la gravedad de las conductas por investigar, el andamiaje de los grupos armados ilegales, en sus variedades, según el territorio y la construcción política y teórica que los rige, el número de hechos versionados, la complejidad y volumen de los asuntos, hasta la necesidad de agilizar los procesos, para la emisión de las sentencias respectivas”.

Para enfrentar algunas de esas dificultades, dijo el magistrado, la Corte Suprema en 2010 habilitó la posibilidad de proferir sentencias parciales acelerando las decisiones de fondo frente a los postulados y los delitos cometidos.

“Con todo, este proceso ha tomado más tiempo del inicialmente estimado, si en consideración se tiene que se limitó su duración, ante la filosofía de ser un procedimiento de transición de las graves y masivas violaciones de derechos humanos hacia la reconciliación nacional, por medio de la judicialización de los responsables que serían, a su vez, beneficiados con penas mucho menores, para alcanzar, en consecuencia, la paz. A la postre se ha convertido, por fuerza material y legal, en normativa permanente”, añadió Chaverra.

De igual forma, afirmó que para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el avance de los procesos sigue siendo una preocupación, debido a que el tiempo está en contra de todos los involucrados, “y por lo mismo, resulta indispensable agilizar las actuaciones, para el cumplimiento de los fines para los que fue creado el régimen transicional”.

El presidente del alto tribunal también se refirió a la reparación económica de las víctimas por parte de los grupos paramilitares. Según Chaverra, existe una “insuficiencia del Estado” para que las multas de reparación monetaria se cumplan como lo establece la ley.

“La gran dificultad que ha representado la reparación de las víctimas por los crímenes cometidos por el paramilitarismo”, indicó el presidente de la Corte.

Y agregó: “El Estado estaba llamado a reparar las víctimas en virtud del principio de solidaridad, aunque de forma subsidiaria así aun cuando se fue generando una simbiosis entre la reparación administrativa y la judicial con sus respectivas diferencias”.

Según los informes del Fondo de Reparación de las Víctimas, para el 2020 habían recibido 1.624 bienes, siendo la gran mayoría de zonas rurales, pero con problemas de impuestos y en malas condiciones, según Chaverra.

Por tal motivo, el magistrado precisó que “incluso si están legalizados su monetización o comercialización no es fácil ante la desconfianza de las personas al punto que los bienes entregados por los postulados no alcanzan para la reparación efectiva de las víctimas”.

Y explicó que estos acontecimientos aumentan las deudas históricas con las víctimas del conflicto, motivo por el cual resaltó que es necesario “si la condena al pago de indemnización es realmente efectiva cuando los afectados por el flagelo de la violencia”.

Finalmente el magistrado Gerson Chaverra también aseguró que ya se hizo el respectivo trámite de la compulsa de copias para que las autoridades identifiquen a los responsables de las filtraciones de las declaraciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López en la Sala de Instrucción.