El Ministerio de Hacienda emitió un proyecto de decreto para el comentario público, que detalla que el gobierno nacional asumiría una deuda de dos billones de pesos colombianos relacionada con la opción tarifaria de energía para los estratos 1, 2 y 3.
Este proyecto, abierto a comentarios hasta el 6 de agosto de 2024, se realizaría a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), según informó la entidad.
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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que esta medida tiene como objetivo cubrir los saldos vigentes de opción tarifaria, los cuales ascienden a cerca de cinco billones de pesos hasta el 30 de noviembre de 2023.
La financiación estaría disponible hasta las tarifas de estrato 3, con recursos de al menos dos billones de pesos destinados desde el gobierno a las operadoras de energía que gestionen estos saldos, de acuerdo con el presidente de Findeter Juan Carlos Muñiz.
“Findeter podrá mantener la línea de crédito directo con tasa compensada para las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica de naturaleza oficial, mixta, y/o privada, que hayan aplicado a la opción tarifaria regulatoria establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) hasta por un monto de dos billones de pesos”, rezó parte del decreto.
Los recursos se destinarían directamente a las empresas para garantizar la continuidad del servicio eléctrico, especialmente en los sectores más vulnerables del país, de manera que las facturas podrían llegar entre un 4% y un 20% más económicas, según comunicó Semana.
Ahora bien, la Financiera aseguró que canalizará los recursos para mantener la estabilidad del servicio y evitar que las empresas de energía enfrenten dificultades de caractaer finaciero que resulten significativas debido a la acumulación de deudas en la opción tarifaria.
Los primeros 3 estratos, los beneficiados
El esfuerzo de la administración es, fundamentalmente, salvaguardar a los más de 27 millones de usuarios de energía eléctrica situados en los estratos 1, 2 y 3, quienes en su mayoría se benefician de subsidios públicos, y que tienen una mayor inflexibilidad en sus gastos, a la vez que dependen en gran medida de las ayudas gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas, según declaró la cartera económica.
En el contexto de una reunión del consejo de ministros, Ricardo Bonilla explicó la relevancia de la medida en orden de fomentar la estabilidad y la confianza en las empresas de energía. “Este tipo de usuarios corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios”, explicó la cartera en el documento.
No obstante, el panorama financiero de estas electricadoras ha sido objeto de preocupación debido a los recortes presupuestarios recientes, que han generado inquietudes sobre la capacidad de pago de la opción tarifaria.
Con el decreto se espera que con el apoyo de los recursos gubernamentales canalizados a través de Findeter se alivie la incertidumbre para garantizar la continuidad del suministro eléctrico, fundamental para el bienestar de estas comunidades.
Usuarios pueden desconectarse del servicio de energía para recibir compensaciones: un decreto que quiere revivir la Creg
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presetó el 17 de julio de 2024, para comentarios, la resolución 701 054, que reinstauraría el mecanismo de respuesta de la demanda (RD). Este programa, previamente implementado durante el fenómeno de El Niño y luego descontinuado, ahora se establecería de manera indefinida, diferenciándose así de su versión anterior que tenía una fecha de finalización.
La resolución permite a los usuarios participar en el mercado mayorista de energía a través de ofertas de reducción de consumo a cambio de una compensación económica.
El objetivo de esta iniciativa es reducir la necesidad de generación eléctrica y, en consecuencia, influir en la disminución de los precios en la bolsa de energía. Según el artículo 1 del documento, la resolución se aplica a todos los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica, como también a los agentes que realizan actividades de comercialización en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Centro Nacional de Despacho (CND) y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).