La detención de una comitiva vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vía Medellín-Anorí (Antioquia), en los que se transportaban integrantes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, generó indignación nacional.
En los vehículos también estaba Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, un peligroso miembro de la guerrilla que tiene una orden de captura todavía vigente.
Por razones de protección, las camionetas de alta gama fueron trasladadas al Batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia, para llevar a cabo la inspección a la que inicialmente se negaron los ocupantes. “Por razones de seguridad, los vehículos no deben ser forzados a ser abiertos en carretera y por ello deben ser conducidos a infraestructuras seguras y vigiladas por la autoridad”, precisó la UNP en X.
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Asimismo, aclaró que los vehículos suministrados por la entidad para salvaguardar la vida de quienes estén en riesgo no pueden ser utilizados para transportar personas que tienen órdenes de captura vigentes. Tampoco está permitido movilizar a combatientes de grupos armados ni visitar zonas de guerra en el país. “Tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”, añadió.
La situación generó críticas por parte de varios políticos, los cuales criticaron el uso que se le está dando a los vehículos de la UNP. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que recordó en sus redes sociales diferentes escándalos por los que ha pasado la entidad.
En el compilado de noticias que compartió la congresista se evidencia el hallazgo de cocaína en camionetas de la entidad, que eran conducidas por desmovilizados de las Farc y dos escoltas, y la incautación de 374 kilos de marihuana en otra camioneta. También, la judicialización de un escolta de la UNP que transportaba a una meno de 17 año en un carro oficial, al parecer, para entregarla a un grupo armado.
“La UNP tendría por lo menos 713 miembros de las “exFarc” como agente escolta y más de 818 vehículos blindados para los que firmaron el acuerdo del 2026. Aquí se van los impuestos de los colombianos. No hay derecho”, afirmó la congresista de la oposición en X.
De acuerdo con El Tiempo, en 2017 más de 300 excombatientes de las Farc se presentaron para convertirse en escoltas de la entidad, luego de que el Congreso diera el aval a la iniciativa que permitió que los exguerrilleros pasaran a proteger a jefes del antiguo grupo armado. “Estamos comenzando un programa de selección y capacitación, porque no todos los (guerrilleros) que lleguen tendrán las aptitudes para ser escoltas”, explicó en su momento el exdirector de la entidad Diego Mora, citado por el medio.
No obstante, ese mismo año, la Corte Constitucional tumbó el decreto que permitía a los excombatientes vincularse a la UNP para prestar servicios de protección. Sin embargo, años después, los exguerrilleros pudieron hacer parte de la entidad y, según detalló al medio citado el exdirector Alfonso Campo Martínez, en 2020, por lo menos 1.305 personas que integraron las filas de las Farc pasaron a ser miembros del personal, con tareas administrativas y de vigilancia.
Así las cosas, el senador Miguel Uribe también se pronunció sobre el uso que se le está dando al material de protección que suministra la UNP a sus protegidos.
“Es inaceptable que las camionetas de la Unidad Nacional de Protección pagadas con nuestros impuestos se han utilizado por las cabecillas de la guerrilla para transportarse. Inmediatamente, debe ser identificada la persona a la que están asignadas estas camionetas y debe responder el director de la Unidad Nacional de Protección. Este es un hecho más que demuestra que este gobierno patrocina y contemporiza con los bandidos en Colombia”, aseveró el funcionario.