Fiscalía irá contra los empresarios que financiaron el paramilitarismo, anunció la fiscal general Luz Adriana Camargo

En la ceremonia de los 19 años de Justicia y Paz, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, presentó un balance sobre el impacto de esta legislación en la Fiscalía, y señaló las “deudas de este modelo con la sociedad”.

Camargo informó que se procederá a revisar más de setecientas compulsas de copias con el objetivo de fortalecer las investigaciones sobre los principales financiadores económicos del paramilitarismo en Colombia.

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Según Luz Adriana Camargo, entre los temas que todavía no han producido los resultados deseados se encuentran las investigaciones sobre los financiadores del paramilitarismo y la persecución de bienes destinados a la reparación de las víctimas.

Asimismo, durante un evento en el centro de convenciones de Compensar en Bogotá, al que también asisitió el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, la funcionaria señaló que tampoco se ha logrado avanzar significativamente en el hallazgo e identificación de las víctimas de desaparición forzada.

“Desde la Fiscalía General de hoy, somos conscientes de las principales deudas del modelo de Justicia y Paz con la sociedad, entre ellas, la falta de resultados en la investigación de los financiadores del paramilitarismo en la persecución de bienes con fines de reparación a las víctimas y en el hallazgo e identificación de las víctimas de desaparición forzada”, dijo la fiscal.

Camargo también mencionó que se está robusteciendo la Dirección de Justicia Transicional y los equipos de trabajo, los cuales han delineado tres objetivos principales.

“El primero, judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres, estrategia que supone depurar un universo de más de 700 compulsas de copias específicamente relacionadas con esta categoría de terceros”, dijo Camargo durante su intervención.

En relación a otro tema abordado, la titular del búnker destacó la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para mejorar la persecución de bienes de exparamilitares. Esto con el propósito de agilizar la recolección de recursos destinados a indemnizar a las víctimas de la violencia armada, tanto por parte de grupos paramilitares como de las Farc.

Con respecto a esto la fiscal general explicó que: “Mediante el apoyo de inteligencia artificial para rastrear activos y cuentas que se hallan en paraísos fiscales, de manera que podamos atender a esa obligación a las víctimas y que los desmovilizados cumplan con la obligación de hacerlo. Se trata de nuevas fuentes de persecución de bienes, adicionales a las que hasta ahora se han realizado”.

Camargo mencionó que, como tercer objetivo, se está considerando actualmente la revisión y redefinición de las funciones del grupo encargado de la búsqueda, entrega e identificación de personas desaparecidas dentro de la Fiscalía.

“Creemos que se tiene que trabajar de manera muy armónica con las entidades que hacen parte del sistema nacional de búsqueda de personas desparecidas, entre ellas: los ministerios de Justicia e Interior, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)”, explicó la líder del ente investigador.

Dentro del mismo evento, el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, lanzó una fuerte crítica hacia algunos procesados que intentan cambiar de una jurisdicción transicional a otra (como Justicia y Paz y la JEP) en busca de beneficios, calificando esta práctica como una burla.

“Debe precisarse que los modelos de justicia transicional fueron pensados y diseñados a partir de un enfoque y una necesidad histórica que involucra a diferentes actores armados con características diferentes, lo que justifica la creación de instancias y procedimientos diferenciales”, dijo el magistrado en su intervención.

Y agregó que: “máxime cuando se puede apelar a mecanismos para lograr la articulación de modelos existentes, como lo es la utilización de la prueba trasladada para de este modo lograr que lo declarado por un testigo, un compareciente o un desmovilizado tanto en la jurisdicción ordinaria como en la transicional, pueda ser validado como medio de convicción para el esclarecimiento de los hechos y evitar la dispersión de las verdades”.