Federico Gutiérrez defendió polémica asignación de contratos por más de $1 billón: “Los que roban a Medellín son otros”

Entre enero y junio de 2024, la Alcaldía de Medellín, bajo la dirección de Federico Gutiérrez, ha adelantado 680 contratos directos por un valor cercano a los 1.472 billones de pesos.

Esta cifra generó controversia en la ciudad, especialmente por parte del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aprovechó el momento para criticar la situación, diciendo que “engañaron a Medellín”.

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Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez salió en defensa de los convenios adjudicados durante su administración, y explicó que esta es la única vía legal que tienen los mandatarios del país para contratar con entidades públicas.

“Aquí los que robaban la plata eran ellos, nosotros lo que estamos es arreglando el desastre que ellos dejaron y arreglando las cosas. En el 2023 el tema de la contratación directa 1,363 procesos lo que tenemos proyectado nosotros hasta el 2024 cerrar el año 870, y ojo que la contratación directa es un mecanismo para contratar entre entidades públicas es más para hacer convenio interadministrativos es el único mecanismo posible por ley”, explicó Gutiérrez en sus redes sociales.

Además, el mandatario antioqueño mencionó que esta polémica es una estrategia de su antecesor Quintero frente a su denuncia por posible corrupción en el terreno Aguas Vivas.

“En 2024 cerraremos con un 32 por ciento de procesos, frente al 16 por ciento de 2023, es decir, que duplicamos los procesos de licitación y concursos de méritos. Lo estamos haciendo de manera transparente y con austeridad. Aquí no estamos entregando obra pública a dedo, como lo hicieron en el pasado reciente. Aquí hablamos con datos y con hechos”, expresó.

De igual manera, el veedor ciudadano Daniel Salazar indicó que, durante la administración de Daniel Quintero, se entregó el 84 por ciento de la contratación de manera directa, y de estos, solo en el 2020 casi 1.4 billones de pesos, se distribuyeron en 4313 contratos, lo que “demuestra de lejos que llegó a llenar la Alcaldía de contratación directa pagando favores”, señaló.

Esta nueva pelea entre los dirigentes antioqueños inició el pasado 21 de julio, cuando el alcalde Federico Gutiérrez, anunció que demandará a Daniel Quintero por el delito de prevaricato, tras revelar que un decreto de Quintero le abrió la puerta a empresarios para que construyeran edificaciones en un parque ambiental de Medellín.

“Ese lote, que ya estaba en poder de la Alcaldía por un valor de $2.700 millones, lo llevaron a un valor de $48.000 millones. Le devuelven el lote al privado ya valorizado y además le dan la posibilidad de construir algo que no se podía. Yo mismo he firmado un decreto anulando semejante esperpento de corrupción”, explicó el mandatario de Medellín.

De igual manera, el alcalde de Medellín insistió en que “resulta contradictorio que se pretenda con un decreto que no es norma urbanística (...) asignar aprovechamientos contrarios a las bajas densidades y sin las restricciones ambientales propias del Ecoparque, indicio que estaría encaminado a concluir que se trata de un favorecimiento a terceros”

No obstante, el exalcalde Daniel Quintero se defendió de las acusaciones de Gutiérrez e indicó que, sí existió el contrato de cesión anticipada de obligaciones urbanísticas sobre el predio denominado Aguas Vivas, pero explicó que “se celebró el 27 de diciembre de 2019, a solo 4 días de la finalización del periodo de la Alcaldía de Federico Gutiérrez”.

A su vez, recalcó que el predio de Aguas Vivas ingresó jurídicamente al patrimonio de Medellín, no se llevó a cabo la compensación o pago alguno por él, debido a que “la cesión aprobada por la Alcaldía de Federico Gutiérrez no cumplió los requisitos legales”.

Finalmente, Quintero Calle manifestó que “con dicho arreglo se habría consolidado a favor del erario público un ahorro mayor a los diez mil millones de pesos, con relación al sobrecosto con que la administración de Federico Gutiérrez adquirió el bien mediante una ruta ilegal”. Por ahora, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación de este caso.