En un nuevo escándalo que protagoniza la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la tarde del 23 de julio se registró la captura de Jesús Orrego Arango, alias Firu, comandante del frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que se movilizaba en la vía Medellín-Anolí en una camioneta de la unidad.
El disidente estaba en compañía de varios integrantes de las disidencias que hacen parte de la mesa de diálogos entre el EMC y el Gobierno nacional, incluyendo al representante principal del grupo guerrillero, alias Calarcá, pero al no hacer parte de la lista de protegidos de la UNP y por tener una orden de captura en su contra, su arresto ha generado múltiples reacciones en contra del Gobierno nacional por la libertad que tendrían las disidencias en el país.
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Entre los pronunciamientos se destacó el del director de la UNP, Augusto Rodríguez, que responsabilizó a los escoltas de la unidad por no verificar los nombres de las listas que les entregan sobre las personas que pueden ser movilizados en las camionetas de protección.
Es por ello que uno de los escoltas que estaba protegiendo a los disidentes rompió el silencio y en diálogo con El Colombiano afirmó que se han registrado múltiples inconsistencias en la asignación de personal, destacando que no sabían que estaban cuidando.
“Nos dijeron que nos presentáramos en Bogotá, luego nos delegaron unas misiones y ahora ni siquiera nos quieren pagar los viáticos. Ellos nos dieron armamento, nos asignaron todos los elementos y los vehículos el mismo día cuando nos citaron. Nos asignaron a una comisión de paz, un colectivo. Eso es el desplazamiento, el acompañamiento, todo, la labor de nosotros como tal”, declaró el escolta, que no reveló su identidad.
Como argumento de sus palabras, el trabajador de la UNP indicó que los movimientos que les ordenan siempre son diligenciados en un formato y que en contraste con lo declarado por el director de la unidad, ellos no recibieron ninguna lista.
“Estuvieron reunidos varios días en una mesa de negociación, estuvimos también detrás de Caminos de Esperanza en Bogotá, primero y luego nos comisionaron a Medellín. Ellos se mueven libremente por el territorio nacional, todos los formatos están diligenciados”.
Sobre el cuidado a los disidentes, el escolta aseguró que no tienen conocimiento de los nombres de las personas que protegen, puesto que la asignación se realizó hace poco tiempo.
“Todas las órdenes nos las dieron directamente desde la UNP, el señor Rafael Borda que coordina este tipo de esquemas, pero también había una señora Milena de Presidencia a la que debíamos entregarle información. Nosotros no hemos manejado los detalles de quiénes eran, ni cuáles eran sus nombres, ni absolutamente nada. Hoy todavía no sabemos cómo se llaman”.
Sobre la detención por parte del Ejército Nacional, indicó que en un momento pensó junto a sus compañeros que iban a ser acribillados debido a que en la zona hay presencia de grupos delincuenciales.
“La situación de nosotros es crítica, pensábamos que nos iban a matar. Uniformados del Ejército con pasamontañas, policías de civil, todo el mundo armado. Me tocó a mí bajarme, levanté las manos y les informé que éramos de la Unidad Nacional de Protección. Llegaron a la ofensiva contra nosotros y somos personal armado; pudimos haber reaccionado de otra manera. Nosotros no somos delincuentes, estamos obedeciendo órdenes al mismo Estado”
Por último, indicó que el procedimiento de las Fuerzas Militares fue erroneo y pudo haber desencadenado en algún tipo de confrontación con ellos.
“A nosotros nos escoltaba Policía de carreteras, pero esa forma en la que hicieron el operativo hubiera sido para una tragedia mayor”.