Por acoso sexual en un centro de actividad física y cultural de Bogotá, acusaron a instructor del Sena

La Procuraduría General de la Nación emitió pliego de cargos contra Julio Enrique Ortiz Angulo, instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la Regional Distrito Capital. Ortiz Angulo enfrenta graves acusaciones de acoso sexual hacia tres instructoras y tres aprendices de la misma institución.

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Según el comunicado oficial del Ministerio Público, las denunciantes, pertenecientes al centro de formación en actividad física y cultural, han señalado a Ortiz Angulo por presuntamente realizar propuestas inadecuadas de contenido sexual.

Además, el instructor habría incurrido en conductas inapropiadas, como tocarse en diferentes partes de su propio cuerpo en presencia de las víctimas, y en algunos casos, también a las presuntas acosadas en lugares como la biblioteca y el gimnasio.

Las revelaciones han conmocionado no solo a la comunidad educativa del Sena, sino a toda la ciudad. La Procuraduría ha calificado provisionalmente la falta del funcionario como gravísima y a título de dolo, lo que implica una intención deliberada en sus acciones.

Su futuro judicial y profesional se encuentra en una situación delicada. Según las leyes colombianas y las normativas internas del Sena, Ortiz podría enfrentar una serie de consecuencias legales y administrativas severas, en caso de ser hallado culpable.

Inicialmente, la Procuraduría, al haber calificado provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo, podría imponer una sanción disciplinaria máxima. Esto incluye la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo que podría oscilar entre 10 y 20 años, conforme a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.

En el ámbito penal, de ser encontrado culpable de los cargos de acoso sexual, Ortiz podría enfrentar una condena de prisión. El artículo 210 A del Código Penal Colombiano establece penas de cárcel que varían entre uno y tres años para quien realice actos de acoso sexual. Sin embargo, la magnitud de las acusaciones y la cantidad de víctimas involucradas podrían agravar la pena impuesta.

Además, las denuncias podrían llevar a acciones civiles de las presuntas víctimas para obtener reparaciones económicas por daños y perjuicios.

La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliegos de cargos contra docentes involucrados en presuntos casos de acoso sexual. En Villavicencio, Rodolfo Romero Alarcón, docente de la Institución Educativa Marco Antonio Franco Rodríguez, enfrenta graves acusaciones.

De acuerdo con el ente de control, durante junio de 2023, Romero Alarcón habría abusado de tres estudiantes en el laboratorio de biología, realizando presuntos tocamientos indebidos. Además, se alega que el docente intentó manipular la situación, solicitando a dos estudiantes que redactaran cartas exculpatorias a su favor. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio calificó la conducta como gravísima a título de dolo.

Simultáneamente, en Caldas, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Wilton Holguín Rotavista, docente de la Institución Educativa Normal Superior San José Pácora. Holguín Rotavista es señalado por presuntamente haber acosado sexualmente a varias menores. La Regional de Instrucción de Caldas aseguró que el caso se investigará con un enfoque de género para esclarecer las circunstancias específicas de los hechos.

La Procuraduría busca verificar la veracidad de las denuncias y determinar si constituyen una falta disciplinaria. De confirmarse las acusaciones, ambos docentes podrían enfrentar sanciones severas, incluida la inhabilidad para ejercer funciones públicas.

En caso de ser víctima o conocer un caso de abuso sexual, deben presentarse denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, de manera verbal o escrita, sin necesidad de abogado. La denuncia puede realizarse en los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), Salas de Atención al Usuario (SAU), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Centros de Atención a Víctimas y Casas de Justicia.

En caso de imposibilidad, se puede acudir a la Policía Nacional, comisaría o defensoría de familia. Las víctimas tienen derecho a atención médica urgente independientemente del tiempo transcurrido desde la agresión.