Consejo de Estado suspendió orden de millonario pago por parte de EPM a Hidroituango: este es el motivo

El Consejo de Estado decidió aceptar el recurso de anulación presentado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra un fallo del Tribunal Arbitral, emitido en diciembre de 2023. La decisión permite la suspensión de los efectos del laudo, según informó la misma empresa.

Es de mencionar que, tal resolución judicial había obligado a la empresa a pagar una millonaria suma a la Sociedad Hidroituango por incumplimientos relacionados con la contingencia de la hidroeléctrica de Hidroituango en el Contrato Boomt. El litigio inició cuando el Tribunal Arbitral resolvió que EPM debía asumir distintos costos relacionados con el colapso del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y su Galería Auxiliar de Desviación (GAD).

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Cabe recordar que, este incidente ocasionó la inundación de la casa de máquinas y provocó retrasos significativos en la ejecución del proyecto hidroeléctrico, que se esperaba comenzara a operar en 2018, pero no lo hizo hasta noviembre de 2022. El laudo (o pago del dinero), emitido a fines de 2023, evitaba que EPM pudiera trasladar los costos al proyecto principal para ser compensada. “Esto significa, que EPM no podrá trasladar dichos costos para que sean incorporados en el costo real del proyecto para los efectos del cálculo de la remuneración a la sociedad HI”, destacó la compañía antioqueña.

La entidad también aclaró en ese punto que la condena “simplemente, le está privando de ejercer un derecho que el contrato le concedía, particularmente, el de trasladarle tales costos al proyecto una vez que se cumplan, entre otros, el hito de la terminación de las obras civiles”. De acuerdo con EPM, el laudo también condenaba a la empresa a pagar $781.828 millones a Hidroituango S.A. por las “cláusulas penales de apremio por incumplimiento de Hitos” del Contrato Boomt, específicamente relacionados con el “cierre de compuertas e inicio del llenado del embalse”, algo que se debía resolver en cinco días posterior a la ejecutoria del laudo; esto, con el fin de determinar si pagaba a la hidroeléctrica con dinero en efectivo, o si prefería restarla del costo del proyecto para efectos del cálculo de la remuneración.

Otras resoluciones incluyeron la condena a EPM por $2.547 millones relacionados con los costos del proceso, pero se negaron las pretensiones indemnizatorias por lucro cesante presentadas por Hidroituango. En vista de la decisión tomada por el Consejo de Estado, EPM reafirma que continuará evaluando las medidas legales en defensa de sus intereses. La compañía declaró en su momento que la decisión del Tribunal no implicaba un pago inmediato a Hidroituango sino más bien una privación de derechos contractuales como consecuencia del laudo. La reciente aceptación del recurso de anulación por parte del Consejo de Estado suspende temporalmente los efectos de esa orden de pago. Aún no se han revelado los motivos detallados que llevaron al Consejo de Estado a tomar esta decisión.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció la presentación de un proyecto ante el Concejo de Medellín para que EPM venda su participación en la empresa de telecomunicaciones Tigo-UNE. El anuncio fue realizado en una rueda de prensa, explicando que la medida responde a la necesidad de desprenderse de una inversión que se considera poco rentable.

Según sostuvo Gutiérrez, el valor de las acciones de EPM en Tigo-UNE actualmente estaría en 1,6billones, cifra que incluye 300.000 millones de una capitalización reciente. Este valor es notablemente inferior a los 2,3 billones y 2,8 billones proyectados por administraciones anteriores, lo que evidenció una clara falta de consenso sobre la destinación de los recursos que también obstaculizó intentos previos de venta.

El deterioro financiero de Tigo-UNE, que acumuló una pérdida patrimonial de un billón de pesos en 2022, impactó directamente en las transferencias financieras de EPM al distrito, disminuyendo estos aportes en $330.000 millones para 2023, según las cuentas de la empresa. Esta información resaltada por el alcalde contó con el respaldo técnico de EPM y su gerente, John Maya.

El dinero recaudado de la venta será supervisado por un comité dedicado a la gestión óptima de los recursos públicos. El funcionario resaltó la importancia de dirigir estos fondos hacia proyectos tecnológicos que promuevan la formación en habilidades relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial y el financiamiento de emprendimientos tecnológicos en Medellín. “Como el Concejo de Medellín no puede definir a dónde van los recursos, esa tarea recae en la Junta de EPM. Por eso, de concretarse el proyecto de enajenación y la venta de las acciones, le propongo a la junta que los recursos del fondo vayan a proyectos como la formación en habilidades tecnológicas de la industria de la Cuarta Revolución para la gente de Medellín como en capitalización de emprendimientos tecnológicos”, explicó Gutiérrez.