Carlos Mattos pidió que le rebajen la pena, pero no hay quien tome la decisión porque casi todos los magistrados se declararon impedidos: cuál es la razón

La Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene otro desafío en el caso Carlos Mattos, luego de que la mayoría de los magistrados de la Sala de Casación Penal se declarara impedida para participar en la revisión de su condena.

Mattos, conocido por su implicación en el escándalo de los sobornos vinculados al caso Hyundai, sigue buscando una reducción de su pena.

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Siete de los nueve magistrados de dicha Sala, incluidos su presidente Diego Eugenio Corredor y otros magistrados, como Miryam Ávila, Fernando León Bolaños, Gerson Chaverra, Jorge Hernán Díaz Soto, Hugo Quintero Bernate y Carlos Roberto Solórzano, decidieron apartarse del caso.

Según informó Caracol Radio, estos jueces ya emitieron su opinión en el caso del exjuez Reynaldo Huertas, quien recibió sobornos de Mattos. Huertas fue condenado previamente a nueve años de prisión por aceptar setecientos millones de pesos por parte de Mattos para favorecerlo ilegalmente en la disputa judicial de Hyundai.

La decisión de los magistrados de inhibirse obedece a que consideraron tener un conflicto de interés, dado que ya habían evaluado los mismos hechos y pruebas en el caso de Huertas.

“Ya emitimos nuestro concepto de fondo y ratificamos la condena”, señaló uno de los magistrados. Esta situación ha llevado a que la Corte deba recurrir a conjueces para definir el futuro judicial de Mattos.

En paralelo, la Fiscalía decidió retirar una nueva imputación contra Mattos relacionada con el caso de “los paseos”. Aunque no se brindaron detalles específicos del porqué de esta retirada, es un movimiento que podría influir en el proceso judicial actual.

El origen de este caso se remonta a la venta de Hyundai en Colombia, cuando Mattos fue acusado de sobornar a jueces y funcionarios judiciales para torcer las decisiones a su favor. La controversia tuvo un impacto significativo en la percepción pública acerca de la corrupción en el sistema judicial colombiano.

El conjuez Jesús Alberto Yepes declaró su impedimento para continuar en el caso de Carlos Mattos, debido a que anteriormente actuó como su abogado. El centro del argumento del recurso de casación presentado busca que se reconozca una reducción de pena acordada en un preacuerdo fallido con la Fiscalía. Mattos cumplió las condiciones pactadas, pero, a pesar de ello, la Fiscalía retiró el preacuerdo.

En el contexto de dicho preacuerdo, Mattos Barrero había cumplido con todas las condiciones exigidas por la Fiscalía. Entre estas acciones se incluyó el pago de un millón de dólares americanos como indemnización a la judicatura. Además, en una audiencia, Mattos leyó un comunicado donde reconoció su culpabilidad, pidió perdón y admitió haber pagado al periodista Gonzalo Guillén para desprestigiar a la Fiscalía.

La defensa de Carlos Mattos interpuso el recurso de casación argumentando que, a pesar de que la Fiscalía retiró el preacuerdo, este ya había sido presentado ante un juez de conocimiento. La defensa sostiene que Mattos cumplió con su parte del acuerdo y, por lo tanto, se debería reconocer la reducción de pena pactada originalmente. La decisión final estará en manos de los nuevos conjueces que la Corte seleccionará.

Caracol Radio reportó que la Fiscalía había retirado una solicitud de imputación adicional contra Mattos relacionada con las salidas y entradas sin control de la cárcel La Picota hacia su oficina en el norte de Bogotá. Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Mattos salió de la cárcel al menos once veces usando como excusa citas médicas, tratando la prisión como si fuese su casa.

Los registros de la rama Judicial indican que esta diligencia estaba inicialmente prevista para el 18 de junio pasado, luego reprogramada para mediados de julio. Sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado la razón por la cual la fiscal 23 anticorrupción retiró la audiencia.

Con estos desarrollos recientes, el futuro legal de Carlos Mattos queda en suspenso mientras la Corte se prepara para tomar una decisión crucial sobre el recurso de casación. Por su parte, la defensa se mantiene firme en que, dado el cumplimiento del preacuerdo, la reducción de la pena debe ser respetada y aplicada.