Andrés Julián Rendón calificó de “paradójico” transporte de cabecillas en vehículos de la UNP: “Hay alcaldes y líderes amenazados”

Una nueva polémica relacionada con la Unidad Nacional de Protección (UNP) se conoció en la mañana del martes 23 de julio, tras el resultado de las labores de control en un retén militar a la altura del Puente Gabino en la vía que de Medellín comunica a Anorí (Antioquia).

Alias Firu, Calarcá y Andrey, cabecillas del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, se encontraban a bordo de las camionetas oficiales de la UNP, quienes no habrían atendido el llamado de las autoridades al solicitar que descendieran de los vehículos. Según lo que explicó el director de la entidad, Augusto Rodríguez, la norma indica que por la seguridad de los “protegidos”, estos vehículos no deben ser abiertos; sin embargo, uno de los ocupantes tendría orden de captura vigente, lo que no estaría permitido.

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Frente al caso, el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, enfatizó en que este hecho resulta paradójico, pues se trata de un sistema de protección al que “contribuyen todos los colombianos”, pues el departamento enfrenta una problemática de inseguridad contra alcaldes y líderes sociales, a quienes su administración ha tenido que suministrar vehículos blindados para protegerlos.

“No le han querido suministrar protección, por ejemplo, al alcalde de Toledo, al alcalde de San Rafael, que tiene serias amenazas, y estos tipos utilizando seis, siete camionetas blindadas de la UNP (...) Se presume que alguno de ellos debe tener levantada, por supuesto por estar en el marco de la mal llamada Paz Total, órdenes de captura, pero hay otros que estamos con plena certeza que podrían tener orden de captura como “Firu” o “Leo””, dijo el gobernador a W Radio.

Además, indicó que, probablemente, estas personas fueron transportadas desde Venezuela. “Esperamos que la presencia que está tomando lugar allí, por ejemplo, de Naciones Unidas, no sea una que vaya a convalidar el accionar criminal de estos delincuentes, sino que de alguna manera nos permita a las autoridades acumular un caso de éxito en protección de los antioqueños”, afirmó Rendón en entrevista con el medio citado.

Por último, Rendón enfatizó en que el Gobierno nacional debe suspender el cese al fuego con el grupo disidente y permitir el accionar de las autoridades. “Son los mayores perpetradores de muertes violentas, en la confrontación que permanentemente sostiene en alianza con el ELN y con el Clan del Golfo”, complementó.

De acuerdo con lo conocido por El Tiempo, tras el cierre del quinto ciclo de negociaciones con el Gobierno, el 16 de julio, los miembros de las disidencias se encontraban en una “reunión de comandantes” en Bogotá. Por ello, se habría acordado que los cabecillas de esta organización regresaran a los lugares acordados luego finalizar las rondas de negociaciones.

Una de las inquietudes que surgió es que en uno de los vehículos se encontraba alias Firu, cabecilla con una orden de captura vigente y que no formaría parte de la mesa de negociación. De otro lado, según los protocolos firmados entre ambas partes, y reflejados en el decreto 0888 que extendió el cese del fuego, el Gobierno se comprometió a proteger a los miembros de la disidencia involucrados en el proceso de verificación de la tregua. En este contexto, únicamente alias Andrey estaba cubierto por dichas medidas de protección.

“De la protección de los integrantes del Mvmv. La Policía Nacional, a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) articulará con la Unidad Nacional de Protección (UNP), y sin perjuicio de la colaboración armónica que puedan prestar las demás instituciones de seguridad del Estado, las acciones necesarias para el cumplimiento de las tareas para la protección de los integrantes del Mvmv”, explica el documento en su artículo 6. No obstante, la administración departamental no estaba al tanto del controvertido procedimiento.