Indígenas llevan más de 50 horas bloqueando la línea férrea del Cerrejón: esto es lo que exigen para levantar su protesta

Desde el pasado viernes 19 de julio, la empresa Cerrejón, uno de los mayores productores de carbón en Colombian, informó que un grupo de autoridades tradicionales y líderes indígenas, miembros de la organización indígena Nación Wayú, inició un bloqueo indefinido a la línea férrea de la compañía.

El cierre es en un importante trayecto utilizado para el transporte de carbón desde la mina hasta el municipio de Puerto Bolívar, departamento de La Guajira, así como la distribución de agua potable a las comunidades residentes en la mina.

A través de un comunicado, la compañía explicó que el bloqueo se debe a desacuerdos de las comunidades indígenas con las recientes decisiones de la Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior; en este sentido, las comunidades exigen una reunión con funcionarios del Gobierno nacional, con el fin de establecer diálogos que permitan solucionar sus inquietudes.

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“Lo anterior luego de presentar al Gobierno Nacional sus desacuerdos y quejas sobre las decisiones tomadas por la Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior (Dancp) en cuanto a la exclusión de algunas comunidades de las consultas que Cerrejón debe implementar bajo el fallo T-704, considerando que esta decisión viola sus derechos fundamentales”, expresó Cerrejón en el comunicado.

De igual manera, la compañía indicó que “ha venido adelantando las consultas ordenadas en la T-704 de buena fe y hasta la fecha ha alcanzado acuerdos con 373 comunidades de un total de 427 consultas. De los 373 acuerdos, 305 han sido cerrados debido a la completa entrega de los compromisos, que incluyen más de 2,100 iniciativas de mejoras en infraestructura, generación de ingresos, acceso al agua, etc”.

A su vez, la mina señaló que “se han definido medidas adicionales de mitigación para fortalecer nuestros procesos de gestión de impactos”, pero insistieron en que se desarrolle un diálogo entre el Gobierno y las comunidades indígenas.

“En el marco de este proceso, Cerrejón y 69 comunidades representadas por la organización Nación Wayuu ya han alcanzado acuerdos que han sido cumplidos formalmente y que han contado con la participación del Ministerio del Interior y otras instituciones gubernamentales”, añadió la compañía.

Finalmente, Cerrejón expresó que “respeta el proceso definido por las normativas colombianas que analizan y definen las comunidades potencialmente afectadas y hace un reiterativo llamado a un proceso de diálogo para abordar preocupaciones y malentendidos”.

En lo corrido de este año, más de 200 bloqueos se han realizado en el Cerrejón, por lo que la compañía advirtió que, de continuar estos cierres, “pone en riesgo no solo el normal funcionamiento de la operación, sino que trae importantes repercusiones económicas y sociales al departamento y a las comunidades”.

Hasta el momento, la Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior no se ha pronunciado a las peticiones de las comunidades que bloquean este paso férreo.

Recientemente, el Cerrejón denunció acciones intimidatorias por parte de grupos armados ilegales contra Luis Emiro Guariyu, autoridad del Resguardo Indígena Provincial, acto que fue rechazado por la compañía e instaron a las autoridades locales y nacionales para que se brinden las garantías al líder comunitario y evitar cualquier tipo de acto violento que ponga en peligro su vida, tranquilidad e integridad.

“La empresa hace un llamado a las autoridades competentes a realizar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos sucedidos, así como implementar todas las medidas necesarias que garanticen y resguarden la seguridad de los líderes de la región”, señaló la minera en comunicado.

Así mismo, la compañía resaltó que Guariyu, una figura prominente en la zona de influencia de Cerrejón, ha colaborado en diversas cuestiones sociales con la empresa.

Igualmente, la minera reafirmó su compromiso con los derechos humanos, destacando que sus políticas están alineadas con estándares internacionales y que forma parte de la Declaración Conjunta por la Vida de las Empresas Productoras de Carbón del Cesar y La Guajira, “una iniciativa que condena las amenazas contra la vida y ratifica el compromiso de trabajar con el Estado y la sociedad civil en la protección de los líderes sociales de la zona”.