Hijo de Jorge 40 será primer vicepresidente de la Cámara: por qué su presencia en el Congreso causa polémica

La elección de la mesa directiva de la Cámara de Representantes no solo tuvo como centro de atención la escogencia del nuevo presidente de la corporación, dignidad que tendrá el congresista Jaime Raúl Salamanca, del partido Alianza Verde. También, por la elección del primer vicepresidente, que de acuerdo con los acuerdos programáticos al inicio del periodo del congreso (2022), fue asignada a las curules de paz.

Aunque en un principio Jhon Freddy Núñez se perfilaba para llegar a la mesa directiva de la Cámara, fue Rodrigo Tovar Vélez el que resultó electo por parte de los 184 representantes que participaron en la jornada del sábado 20 de julio. Tovar Vélez es, nada menos, que el hijo de uno de los excabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

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Más allá de ser descendiente de uno de los descendientes del confeso criminal, que está preso en una cárcel de los Estados Unidos, y de su afán de separarse de la herencia macabra de su padre, la designación de Tovar Vélez como vicepresidente causó comentarios; no solo por esta relación, pese a que en Colombia no aplica el delito de sangre, sino por las controversias atadas a su elección como parlamentario.

El representante, destacado por impulsar la creación de la comisión legal de paz de la Cámara de Representantes, en una de las promesas que hizo en campaña, según él, en búsqueda de la paz del país, ha sido cuestionado por llegar a la corporación –justamente– como representante de las víctimas del conflicto armado en la circunscripción número 12, que abarca los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena.

La polémica por la presencia del hijo de Jorge 40 en la mesa directiva de la Cámara

Tovar Vélez, que carga con el lastre de su padre, condenado por múltiples masacres y homicidios como miembro de las AUC, grupo armado ilegal reconocido como el autor de las más sanguinarias masacres en el territorio nacional, y que además fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, también ha tenido que defender su curul a través de los estados judiciales.

El 28 de abril de 2023, se conoció un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que negó pretensiones de la Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna (Dilo Colombia), en su calidad de demandante, que interpuso recursos ante la inscripción como víctima del representante a la Cámara en el Registro Único de Víctimas; que le permitió aspirar a la curul que hoy ostenta.

“Yo quiero, adoro a mi papá, pero yo soy yo y él es él. Él tomó una decisión autónoma. Si en su momento me la hubiera consultado, tenía 6 años, le hubiera dicho que no. He aprendido a separar completamente mi vida profesional y laboral de las cosas de mi padre”, mencionó en una entrevista que se conoció el 20 de enero de 2024 a la Revista Semana.

Y, con ello, buscaban que se investigara el origen de los bienes de los que disfrutaba, que presuntamente habrían sido adquiridos por el accionar delictivo de su padre. A lo que se suma la acción que, de acuerdo con lo que divulgó el alto tribunal, pedía declarar nula la elección de Tovar Vélez, debido a que fue funcionario del Ministerio del Interior; cuatro meses y medio antes del proceso en el que salió elegido.

Esto se suma a las denuncias que surgieron en julio de 2023, cuando se mencionó que grupos paramilitares habrían presionado tanto a candidatos como a electores de Cesar, La Guajira y el Magdalena para que se escogiera a Tovar Vélez. Asimismo, su nombre apareció en el documento que relaciona 54 amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas en los puntos de votación, en las elecciones parlamentarias.

Junto al representante de la circunscripción para la paz, fue elegida segunda vicepresidenta la representante Lina Garrido, del partido Cambio Radical, y como secretario general Jaime Lacouture: siendo este último centro de discusiones por su presunta relación con el escándalo de la compra de 40 carrotanques para la compra de agua en La Guajira, por el orden de los $46.800 millones.