El nuevo servicio público que tendrán que pagar los colombianos por otra reforma que planteará el Gobierno Petro

El 11 de julio de 2024 se cumplieron 30 años de la Ley de Servicios Públicos de Colombia, una norma fundamental que regula la provisión de servicios esenciales en el país. Como coincidencia, el Gobierno nacional trabaja en una reforma significativa de dicha ley para ajustarla a las demandas actuales y garantizar un equilibrio más justo entre las empresas y los usuarios de estos servicios.

Al respecto, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, informó que una de las principales propuestas de esta reforma es clasificar el internet doméstico como un servicio público domiciliario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según él, la inclusión permitiría que el servicio de internet en los hogares sea supervisado por la Superintendencia de Servicios Públicos, de la misma manera que se regulan en la actualidad los servicios de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo. Esto, teniendo en cuenta que en la actualidad lo hace el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Sobre esto, Quiroga afirmó a El Tiempo que “el presidente Petro ha planteado la posibilidad de que el internet que llega a los hogares sea incluido como un servicio público domiciliario, y que sea vigilado por la Superintendencia”.

La entidad busca con esta movida “nivelar la balanza para que la regulación también beneficie a los usuarios y no solo al negocio de las empresas”. El cambio representa un objetivo más amplio del Gobierno, que apunta a mejorar la equidad en la prestación de servicios esenciales y a asegurar que los beneficios de estas regulaciones lleguen directamente a los consumidores y no se centren únicamente en el sector empresarial.

Todo indica que la reforma de la Ley de Servicios Públicos será presentada al Congreso de la República para su debate en la actual legislatura, que inició el 20 de julio. Quiroga enfatizó que esta propuesta está abierta a modificaciones durante el proceso legislativo: “Eso se presentará y en el mismo debate del proyecto de ley esta propuesta se puede mejorar o complementarse. Si en el consenso el Legislativo considera que no es conveniente por una u otra razón, no se aprobará”.

Además, esta propuesta de reforma llega en un contexto en el que se sabe que la pandemia del covid-19 resaltó la importancia del internet en la vida cotidiana. El funcionario remarcó que desde la educación en línea hasta el teletrabajo, el acceso a una conexión rápida y estable es esencial para el desarrollo educativo y económico del país.

“La intención es clara: queremos que el acceso a internet sea un derecho garantizado para todos los colombianos, al igual que la electricidad y el agua”, añadió Quiroga.

Sobre la vigencia de la Ley de Servicios Públicos, el superintendente señaló que, aunque es eficaz en ciertos sectores, la regulación, vigilancia y control han sido “cooptados por los monopolios”. Según él, esto llevó a que el enfoque se desvíe del bienestar ciudadano hacia la rentabilidad de las empresas. “Entonces, la regulación ya no se hacía pensando en el servicio público, sino pensando en el negocio”, comentó.

Uno de los problemas que enfrentan los usuarios es el costo de las tarifas. Quiroga enfatizó que mientras en áreas urbanas la prestación del servicio es rentable, en áreas rurales y menos desarrolladas, tanto el sector privado como el Estado fracasaron en ofrecer soluciones eficaces. “El Estado también es deficiente en la prestación y en la vigilancia”, mencionó.

En cuanto a la reforma, Quiroga resaltó que no se trata de un cambio radical, sino de ajustar y adecuar ciertos aspectos de la ley. Un punto crucial que debe actualizarse es el enfoque territorial de los servicios públicos. “El territorio debe ordenarse alrededor del agua y no alrededor del cemento, el ladrillo y la urbanización”, afirmó.

Aunque el superintendente reconoció el papel vital del sector privado en la prestación de servicios públicos, advirtió que se debe balancear la búsqueda de beneficios económicos con el propósito de bienestar para la ciudadanía. “Creemos que el sector privado puede seguir contribuyendo, junto con el Estado, a solucionar los problemas de los servicios públicos de todos los colombianos”, aseguró.

Sin embargo, una preocupación importante es que donde el servicio no es rentable, las empresas privadas no participan, lo que deja así a muchas áreas sin cobertura. Quiroga apuntó que la concentración de servicios en pocas empresas llevó a monopolios que afectan la competitividad y, en última instancia, al usuario final. “Los servicios públicos, en manos del sector privado, se fueron concentrando en pocas empresas”, explicó.