El domingo 21 de julio de 2024, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X, dio a conocer una nueva denuncia contra el exalcalde de la capital antioqueña Daniel Quintero.
De acuerdo con Gutiérrez, el enredo se da por un decreto que expidió Quintero en el cual, presuntamente, le abrió la puerta a empresarios para que construyeran edificaciones en un parque ambiental de Medellín. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación ya comenzó las investigaciones por un supuesto delito de prevaricato.
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Frente a lo sucedido, el exalcalde Daniel Quintero se defendió e indicó que, sí existió el contrato de cesión anticipada de obligaciones urbanísticas sobre el predio denominado Aguas Vivas, pero explicó que “se celebró el 27 de diciembre de 2019, a solo 4 días de la finalización del periodo de la Alcaldía de Federico Gutiérrez”.
El exmandatario agregó: “Con esa operación se cumplió la entrega jurídica del bien inmueble al patrimonio del municipio, quedando pendiente la entrega material, la cual solo podría operar si se realizaban unas obras que el cedente nunca realizó”, haciendo referencia al decreto 2502 de 2019, resaltando que “solo se publicó hasta el 31 de diciembre”.
Quintero insistió en que, a pesar de que el predio de Aguas Vivas ingresó jurídicamente al patrimonio de Medellín, no se llevó a cabo la compensación o pago alguno por él, debido a que “la cesión aprobada por la Alcaldía de Federico Gutiérrez no cumplió los requisitos legales”, explicó el exalcalde.
En ese sentido, Daniel Quintero precisó que “no hubo planeación y con ello se menoscabó el principio de economía establecido en el artículo 25 numeral 12 de la ley 80 de 1993″, y además que “la cesión solo podía recaer sobre zonas urbanas y no rurales, como ocurrió con el predio Aguas Vivas”.
Asimismo, explicó que para tal resultado “los cedentes debían ser titulares de una licencia urbanística o beneficiarios de derechos de construcción”; así como que se “establecieron obligaciones de intermediación inmobiliaria a cargo del municipio de Medellín, que no son compatibles con la Ley 136 de 1994″.
El exalcalde de la capital de Antioquia, precisó que ante la complejidad jurídica que se había presentado, se propuso una formula de conciliación, con el objetivo de sanear las “graves irregularidades” en el parque ambiental. Según Quintero, esta medida garantizaba un pago menor de dinero, mediante la modalidad de enajenación voluntaria.
Por tal razón, explicó que la suma ascendía a $48.234.427.227: “el Distrito de Medellín dejaría de recaudar por concepto de obligaciones urbanísticas y en la fórmula de conciliación se redujo al valor comercial base de 2019 que equivale a $40.509.311.965, con un ahorro de $7.725.115.262″, indicó Quintero.
Y señaló: “Con dicho arreglo se habría consolidado a favor del erario público un ahorro mayor a los diez mil millones de pesos con relación al sobrecosto con que la administración de Federico Gutiérrez adquirió el bien mediante una ruta ilegal”.
El exmandatario de Medellín resaltó que la fórmula no buscaba absolver las irregularidades de la anterior administración, sino arreglar el proceso de adquisición del inmueble, la cual se hizo, según Quintero, bajo la vigilancia de los órganos de control, que se vincularon al proceso el 15 de septiembre de 2021.
De igual forma, resaltó que la Sección Tercera del Consejo de Estado “no encontró lesión alguna al patrimonio público ni un acto contrario a los intereses generales del Distrito de Medellín, pues su análisis condujo simplemente a resaltar que a través de la conciliación no es dable corregir los graves yerros cometidos en la Escritura Pública 5762 del 27 de diciembre de 2019 y que, si se requiere el inmueble, se debe negociar nuevamente”.
Bajo ese contexto, Daniel Quintero le envió un contundente mensaje a Federico Gutiérrez, en donde cuestiona la denuncia del actual mandatario de Medellín.
“¿Se refiere usted al contrato de Aguas Vivas que firmó usted el 27 de diciembre, cuatro días antes de dejar el cargo? ¿El mismo que pretendía que 48 mil millones de obligaciones urbanísticas pasaran a los dueños del predio? ¿El mismo por el que demandaron a la Alcaldía por 50 mil millones? ¿El mismo por el que compulsaron copias a la Fiscalía contra su administración después de que el Consejo de Estado estableciera de que era una estafa? Le deseo suerte en los tribunales”, aseveró.