La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una voz de alerta ante la creciente ola de violencia que pone en jaque a los firmantes del Acuerdo de Paz en los departamentos de Caquetá y Cauca. En un contundente comunicado, la entidad reveló que tanto las amenazas en el espacio territorial de Miravalle, Caquetá, como los recientes homicidios de varios excombatientes en Cauca, han encendido las alarmas sobre la efectividad de las medidas de protección implementadas por el Gobierno Nacional.

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La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, condenó enérgicamente estos hechos, al destacar que “afectan no solo la vida, integridad y libertad de esa población, sino también su reincorporación social y económica, pues impactan la continuidad de los proyectos productivos que lideran, que son casos de éxito para lograr la reconstrucción del tejido social”.

Estos actos de violencia, atribuidos a grupos armados ilegales que actualmente participan en mesas de diálogo con el Gobierno como parte de la iniciativa de Paz Total, no solo representan un peligro para la vida de los excombatientes, sino que también sabotean los esfuerzos para consolidar la paz y la integración social de estos individuos. La Procuraduría ha convocado a la Comisión Nacional del Ministerio Público en los departamentos afectados para evaluar la respuesta del Gobierno y exigir acciones inmediatas y efectivas.

Ante la magnitud de la amenaza, Cabello Blanco exhortó al Gobierno a no solo garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, sino también a asegurar la continuidad y el apoyo necesario para los procesos de reincorporación e integración social que han avanzado con éxito hasta ahora.

Desde el Ministerio Público han señalado que se requieren medidas de seguridad robustas y un compromiso firme para proteger tanto a las vidas como a los proyectos que simbolizan la reconstrucción del tejido social tras la huella del violento conflicto armado colombiano.

Los firmantes del acuerdo de paz de 2016 que residen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Miravalle, en el Caquetá, están viviendo una situación crítica de inseguridad. A raíz de las amenazas de disidentes de las Farc se ha decidido trasladar temporalmente a aproximadamente 100 personas. Estos individuos serán reubicados el 20 de agosto en un predio arrendado por un período de 12 meses, mientras se realiza la compra de un predio definitivo por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

La inminente reubicación ha sido coordinada en una reunión que contó con la participación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La decisión responde no solo a las amenazas recibidas, sino también a la necesidad de garantizar la seguridad y continuidad del proceso de reincorporación en condiciones más estables. A pesar del cese al fuego bilateral, las amenazas de las disidencias han aumentado la tensión en Miravalle, poniendo en peligro la vida de los firmantes y dificultando sus proyectos de reincorporación y desarrollo.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se encargará de adecuar el predio temporalmente arrendado, mientras que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz realizará una visita el 23 de julio para evaluar las condiciones de seguridad y adecuación del nuevo espacio. Esta medida refleja el compromiso del Gobierno Nacional de proteger a los firmantes del acuerdo de paz y asegurar que el proceso de reincorporación social y económica continúe sin interrupciones.

Las amenazas no solo afectan la vida de los excombatientes, sino también sus esfuerzos por liderar proyectos productivos y reconstruir el tejido social en Colombia. La reubicación busca aliviar la inseguridad inmediata, proporcionando un entorno más seguro durante el tiempo necesario para concretar una solución permanente.