Los errores que, desde la Fiscalía, tendrían enredado el caso UNGRD

Cinco meses han pasado desde que la Fiscalía inició una indagación preliminar sobre presunta corrupción en el contrato de los carrotanques. Hasta ahora, se han imputado cargos al exdirector y exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y al contratista Luis Eduardo López Rosero. A pesar de que estos aceptaron su responsabilidad tiempo atrás, se ha señalado la participación de otras figuras importantes y la pérdida de pruebas.

La revista Cambio publicó un documento en el que se indican posibles errores (concatenados) que estarían, en parte, entorpeciendo un esclarecimiento satisfactorio de este entramado de corrupción que ha salpicado a varios funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo, así como a mandatarios locales.

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El escándalo comenzó el 18 de enero con el anuncio de la UNGRD sobre la entrega de 40 carrotanques para abastecer de agua a La Guajira. Un mes después, la periodista Paula Bolívar reveló que los carrotanques estaban sin uso en el Batallón Matamoros en Uribia. La Fiscalía abrió una indagación el 21 de febrero mientras Olmedo López renunciaba a su cargo. Sneyder Pinilla siguió sus pasos a principios de marzo.

Según el mencionado medio de comunicación, la Fiscalía cometió su primer error al permitir que López y Pinilla dominaran la narrativa pública durante semanas sin ser llamados a interrogatorio. Esta falta de acción inicial permitió que los medios de comunicación registraran testimonios contradictorios sin pruebas claras.

Pinilla proporcionó nombres importantes durante los primeros contactos con la Fiscalía: el presidente del Senado Iván Name, el presidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle, el exdirector de la UNGRD Víctor Andrés Meza, y otros contratistas. Aparecieron nombres de otros pesos pesados del Gobierno: la consejera presidencial Sandra Ortiz y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, a finales de abril, sin que la Fiscalía iniciara investigaciones sobre ellos.

En mayo, Pinilla entregó 30 folios con información sobre el escándalo, documentados públicamente. No fue hasta el 11 de julio, cinco meses después de comenzadas las pesquisas, que la Fiscalía comunicó la solicitud de imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra López, Pinilla y el contratista conocido como el Pastuso.

La administración de López adquirió 80 carrotanques mediante dos contratos: 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos con la empresa Impoamericana Roger SAS y 40 más por 29.000 millones de pesos con la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral-Yapurutu. Ambas adquisiciones presentaron sobrecostos y falta de pólizas.

Recientemente, la Fiscalía habría anunciado, off the record al medio referenciado, que abrió una investigación preliminar sobre el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el director de Inteligencia Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y Sandra Ortiz. La declaración surgió tras las revelaciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, vinculando a Bonilla y otros con direccionamiento de contratos para obtener apoyo en proyectos del gobierno.

Entre los sucesos más recientes, la pérdida de datos relevantes de la Consejería para las Regiones, incluidos dos computadores, y la desaparición del computador de una asesora del ministro Bonilla, reflejan la lentitud judicial y la posibilidad de pérdida de pruebas.

La Fiscalía, finalmente, realizó inspecciones en Dapre, MinInterior, MinHacienda y la Consejería para las Regiones, después de conocerse por medios la pérdida de los elementos. Una posible falta de transparencia en el proceso, indica Cambio, ha afectado la confianza en las autoridades y subraya la necesidad de una investigación completa y expedita.

El antiguo fiscal general Francisco Barbosa fue criticado por su cercanía al expresidente Iván Duque. Ahora, la fiscal general Luz Adriana Camargo enfrenta el reto de mostrar eficiencia y transparencia para evitar sospechas similares. La Fiscalía debe proceder con investigaciones exhaustivas en todos los contratos de la UNGRD, más allá de los firmados en el actual Gobierno.