La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) enfrenta sus peores momentos tras las revelaciones de Noticias Caracol y las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la salida del exdirector supuso la mejoría en el funcionamiento de la entidad, pero todo parece indicar que no es así.
Una serie de documentos y testimonios obtenidos por El Colombiano indicarían una posible crisis de gestión en la entidad encargada de proyectos de prevención y mitigación de desastres en el país, luego de que Carlos Carrillo, exconcejal sin experiencia técnica y ahora director de la Ungrd, llegara a la entidad para intentar liderar la preparación para el fenómeno de La Niña que comenzaría en agosto y se extendería hasta noviembre, y que afectaría a 550.000 familias, según el Gobierno.
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Apenas semanas después del escándalo de corrupción que aún tiene al Gobierno en jaque, ahora se destinan 7 billones de pesos para este plan, pero las denuncias revelan barreras en la reubicación de personas en Rosas, Cauca, después del deslizamiento en 2023.
Un comunicado de la comunidad expresa: “A un año y seis meses sin obtener el reasentamiento de las familias y ante el abandono total por parte del Estado, hemos decidido que a partir del día lunes 29 de julio de 2024 se realizará un nuevo bloqueo de la vía nacional de manera indefinida”.
En enero de 2023, un deslizamiento en la vía entre Popayán y Rosas desplazó a 150 familias. En ese momento el Gobierno, representado por Olmedo López y el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, buscó comprar fincas para reubicar a las familias, promesas que no se han cumplido.
“Me llamaron de Presidencia y me dijeron que el ministro del Interior estaba volando a Rosas y que necesitaban comprarme mi finca urgentemente”, mencionó un propietario a El Colombiano. Pero de las 35 familias reubicadas, solo permanecen 2, dado que el Gobierno no ha completado los pagos ni ha desarrollado los proyectos productivos.
En Santa Rosa de Cabal, Risaralda, un proyecto de reasentamiento para 300 personas afectadas por la creciente del río San Eugenio en 2022 también enfrenta críticas. Técnicos de la Ungrd desaconsejaron el terreno escogido debido al riesgo de inundaciones.
“En relación al predio La María se concluye que su viabilidad es considerada no factible, principalmente debido a la dinámica del río San Eugenio. Además, se recomienda coordinar con la Autoridad Ambiental Regional (Carder) una inspección detallada a la zona boscosa circundante para identificar posibles grietas ocultas por la densa cobertura vegetal. (...) se debe evaluar la proximidad del predio a la ribera del Río, ya que se encuentra dentro de la zona de potencial afectación por inundaciones, especialmente en eventos torrenciales con altos periodos de retorno”, se lee en las conclusiones de los expertos.
A pesar de esto, Carrillo, junto a los alcaldes, promovió el proyecto, basándose en un segundo estudio que emitió la CAR y que contradice las advertencias iniciales, que estaban apoyadas con material audiovisual que retratan los riesgos de la zona para las familias reasentadas.
“La Unidad está estructurando el proyecto y analizando que efectivamente el terreno sea construible. Además, está buscando dos predios adicionales. Uno de ellos en el casco urbano. El concepto al que se refiere se emitió en octubre de 2023. Se investiga si, en la administración pasada, hicieron el estudio en unas coordenadas distintas a las del terreno comprado”, respondió la Ungrd a El Colombiano.
Quetame, Cundinamarca, donde un derrumbe en 2022 dejó 30 muertos, espera una reubicación prometida por el presidente Petro que aún no se ha materializado. En Mocoa, la adecuación hidráulica pendiente busca evitar una repetición de la tragedia de 2017, pero no ha avanzado. En Magangué, Bolívar, se advierte del riesgo de rompimiento de un dique, aunque las intervenciones de Carrillo con el alcalde no han disipado completamente la amenaza.
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