Investigan a profesor por presuntamente tocar a sus estudiantes y manipularlas para que no lo denunciaran

La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la formulación de un pliego de cargos contra Rodolfo Romero Alarcón, docente de la Institución Educativa Marco Antonio Franco Rodríguez de Villavicencio, por presunto acoso sexual a tres estudiantes. Este presunto caso de abuso se suma a la creciente preocupación sobre la seguridad y el bienestar de los estudiantes en los centros educativos del país.

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La investigación, que inicialmente fue adelantada por la oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Villavicencio, ha sido asumida por la Procuraduría a través del poder preferente. Según el Ministerio Público, Franco Rodríguez se valía de su asignatura dictada para poner en condiciones de sometimiento a sus alumnas.

“Durante el mes de junio de 2023, en repetidas ocasiones, el investigado se encontraba con las niñas en el laboratorio de biología del centro educativo y aparentemente, allí realizaba los actos abusivos”, emitieron en un comunicado oficial desde la Procuraduría.

El pliego de cargos es explícito al señalar que fueron tres estudiantes las que sufrieron tocamientos por parte del profesor. Otro de los asuntos alarmantes señalados desde el ente de control fue que las pruebas presentadas por la rectora del centro educativo sugirieron intentos de manipulación por parte del docente.

Al parecer, Romero Alarcón “trató de manipular la situación, para lo cual le solicitó a una estudiante de grado 9 que hiciera una carta donde manifestara hechos que supuestamente buscarían mostrar que el docente nunca estuvo a solas con las tres estudiantes”, informaron desde la Procuraduría General.

Desde el Ministerio Público se reveló que la manipulación no fue un hecho aislado, ya que una segunda estudiante del mismo grado también fue presionada para suscribir una carta a favor del docente. La rectora, al entregar estas pruebas, ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio ha calificado provisionalmente la conducta de Romero Alarcón como “gravísima a título de dolo”. Esta clasificación refleja la seriedad de las acusaciones y las posibles severas sanciones que podrían derivarse si se confirma la culpabilidad del docente.

Mientras tanto comunidad educativa como población en general en Villavicencio esperas que las autoridades actúen con la mayor celeridad y rigor para esclarecer los hechos y proteger a las víctimas.

El docente Rodolfo Romero Alarcón podría afrontar serias consecuencias legales y disciplinarias si se comprueban las acusaciones de acoso sexual contra tres estudiantes. Según el Código Penal Colombiano, los delitos sexuales contra menores pueden conllevar penas de prisión que varían entre 12 y 20 años, dependiendo de la gravedad y las circunstancias específicas del delito. Adicionalmente, la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, garantiza la protección integral de los menores y establece sanciones más severas para quienes atenten contra su integridad.

En el ámbito disciplinario, conforme al Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), la Procuraduría podría imponer sanciones que incluyen la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por varios años. Además, el docente podría perder su licencia para ejercer la docencia, afectando su carrera profesional de manera irreversible. Las pruebas y la gravedad de las acusaciones serán determinantes en el proceso y las sanciones correspondientes.

Las estudiantes que sufran acoso por parte de un docente pueden denunciarlo en diferentes instancias. En primer lugar, deben acudir a la rectoría o a la oficina de control interno disciplinario de su institución educativa. Las autoridades escolares tienen la obligación de actuar y proteger a las víctimas. También pueden acudir a la estación de policía más cercana para interponer una denuncia formal.

Además, la Fiscalía General de la Nación es un punto clave para presentar la denuncia, ya que iniciará una investigación penal contra el docente. La línea nacional de atención es 122. Si el docente pertenece a una entidad pública, la denuncia también puede presentarse en la Procuraduría General de la Nación, a través de la línea gratuita 018000-940808 o por correo electrónico. En casos donde la víctima es menor de edad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) brinda asistencia y protección, accesible a través de la línea gratuita 141. Es fundamental que la víctima cuente con el apoyo de familiares y amigos.