Impuesto que pagan los ricos para sacar adelante la reforma agraria de Petro está demasiado barato: “Es irrisorio”

Con topes desde el 30% y hasta el 200% en el aumento del Impuesto Predial Unificado (IPU), según casos específicos, pasó el 27 de junio de 2024 el primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que establece nuevos límites a este tributo.

La norma, entre otras cosas, establece que, para el año de entrada en vigor de la actualización catastral, se puede cobrar hasta el 30% del monto liquidado por el mismo concepto el año anterior para predios urbanos con destino económico habitacional o comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($175.500.000).

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A su vez, para predios rurales que se encuentran dentro de alguna de las siguientes categorías asociadas a destinos económicos y/o uso del suelo:

• Habitacional, comercial rural o de soportes de infraestructura.
• Áreas para producción agropecuaria.
• Institucional y áreas de conservación y protección.
• Cuyo avalúo catastral sea menor o igual a $175.500.000.

Esto teniendo en cuenta que lo que ocurre hoy, sin la norma, es que los incrementos en el predial, justamente, crecen en 1000% o hasta 5000%. La propuesta es que no crezca 1.000% o 2.000%, sino que haya un techo máximo del 200% en la relación del incremento frente a lo que se venía pagando en 2023.

Sin embargo, esto empezó a generar críticas en diferentes sectores, entre otras cosas, porque se dijo que la norma permitiría cobros exagerados. No obstante, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Gustavo Marulanda, afirmó a Infobae Colombia que lo que se busca es todo lo contrario.

“Lo que busca es generar unas medidas de mitigación en materia de impuesto predial y, además, modificar las normativas vigentes que no han venido cumpliendo con el objetivo, relacionados con la Ley 44 y la Ley 1995 (normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz) y, básicamente, lo que busca la norma es generar unas medidas de mitigación en el crecimiento que se ha venido presentando en el impuesto predial, producto de los procesos de actualización catastral que se vienen abordando en el país”, explicó.

Anotó que, en el diagnóstico, lo que se tiene es que hoy hay cerca de 905 municipios que están tributando muy por debajo del 20%, que es lo mismo de la evaluación comercial en el que están hoy.

De hecho, el funcionario precisó que hoy se tienen más de 200 municipios que están muy por debajo del 10% en la relación avalúo catastral/avalúo comercial y eso se va más allá, debido a que hay cerca de 40 municipios que hoy tributan por debajo del 4%.

Según Marulanda, esto quiere decir que si el predio del comercio está en $100, tributa únicamente y paga impuestos sobre $4 o hasta menos. O en el caso de los 905 municipios mencionados, el máximo que pagan, si tiene un avalúo de $100, es sobre $20 de impuesto predial. “Eso ocurre, básicamente, porque pues nos hemos rezagado en los temas de actualización catastral, que es una de las metas más importantes de este Gobierno”. dijo.

Señaló que esto, obviamente, se ve reflejado en las finanzas de los municipios, lo que es muy importante, ya que con eso es que se financian cerca del 60% de los municipios de este país.

“En la gran mayoría de los municipios viven de las transferencias corrientes de la Nación, que es lo que todos los colombianos, producto de los ingresos corrientes, les transferimos a los municipios, por vía del Sistema General de Participación. Los municipios tienen que generar sus propios recursos aparte de estos, que es, básicamente, el impuesto predial, que es el de mayor potencial tiene”, remarcó.

Aclaró que cuando se habla de inversión pública, con recursos propios, los municipios se quedan muy por debajo de lo que deberían estar recaudando, producto del impuesto predial. Entonces, cuando se hacen procesos de actualización catastral, que en promedio hoy están desactualizados los municipios en cerca de 16 años, obviamente, los incrementos se llevan del 4% o del 20% al 60%, que es la mínima relación que establece la ley entre avalúo catastral y avalúo comercial.

El director del Igac, Gustavo Marulanda, también se refirió a los predios que se están entregando para sacar la reforma agraria del Gobierno de Gustavo Petro. Apuntó que este tributo lo pagan todos y cada uno de los predios de este país, que están dentro de las bases catastrales y son cerca de 18.000 predios, pero lo que pasa con la reforma es que “lo están pagando a un precio irrisorio”.

“Lo que pasa hoy es algo bien simpático y es que de los predios que se está comprando, dentro de la reforma agraria, se compran a $30 o $40 millones la hectárea. Cuando se ve lo que pagan de avalúo, no superan el $1.000.000. Entonces allí hay una diferencia significativa.

Para él, parte de lo que hay que hacer también, entre otras cosas, es transparentar de manera efectiva los valores comerciales de los inmuebles porque en la reforma agraria muchos de los incentivos son perversos.

Al respecto, dijo que, si un contribuyente paga impuestos por la tierra productiva que no está siendo utilizada de manera eficiente, no hay un incentivo para ponerla a producir. Es decir, los grandes terratenientes no tienen un incentivo para ponerla a producir, porque están pagando impuestos irrisorios.

“¿Cuál es el incentivo para no tener tres o cuatro vacas en grandes hectáreas de terreno?, por supuesto que poderla nuevamente a producir en el marco de la reforma, en el marco de ese eje transformacional del plan de desarrollo que tiene que ver con la seguridad alimentaria”, cuestionó.

Señaló que se deben poner a producir las tierras y una de las formas de hacerlo es reconocer, de manera efectiva, cuál es su valor y ponerlos a pagar en función de esto. Sin embargo, esto, de todas maneras, contrarresta también esos incrementos para que todos, en general, de manera progresiva y de manera equitativa, suban el impuesto predial, pero que lo suban en función de su capacidad.