Exalcalde de Buenaventura investigado por contrato para dotar de computadores a dos colegios: de 1.200 solo entregaron 469

La Procuraduría General de la Nación ha destapado un alarmante caso de corrupción que sacude a Buenaventura. Víctor Hugo Vidal Piedrahita, alcalde del municipio (2020-2023), y otros cuatro funcionarios están en el ojo del huracán por supuestas irregularidades en un proyecto millonario que prometía entregar 1.200 computadores a estudiantes de dos colegios.

Un proyecto financiado con 4.470 millones del Sistema General de Regalías, que debía terminar beneficiando a cientos de estudiantes del pacífico colombiano se ha convertido en un controvertido caso de malversación de fondos y corrupción.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según el comunicado del ente de control, la investigación reveló que el contrato fue terminado anticipadamente en noviembre de 2020, con solo un 77% de ejecución. Esto resultó en la entrega de aproximadamente 469 computadores, cuando se habían estipulado 1.200, dejando 731 equipos pendientes. La interventoría del proyecto exigió la devolución de $1.031 millones a la entidad ejecutora debido a esta deficiencia en la entrega.

Las investigaciones revelaron que las irregularidades no solo se limitaron a la ejecución del proyecto. También se denuncian graves fallas en el proceso de votación en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), en la que participaron el alcalde Vidal Piedrahita y el secretario de Planeación del departamento. La Procuraduría apunta a “presuntas inconsistencias en la designación de la alcaldía de Buenaventura como entidad ejecutora”, así como una notable “falta de vigilancia y supervisión del contrato”.

“Presuntas inconsistencias en la designación de la entidad ejecutora, en este caso la alcaldía de Buenaventura, por presunta falta de vigilancia de esa entidad ejecutora, fallas en la supervisión del contrato y en la designación del interventor”, emitieron en la comunicación oficial de la Procuraduría.

Las faltas cometidas por el alcalde Vidal Piedrahita y Silvia González Bermúdez, subdirectora de Asistencia al Territorio del Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca, fueron calificadas provisionalmente como graves a título de dolo. Para los demás involucrados, las faltas fueron consideradas gravísimas a título de culpa gravísima.

De acuerdo con las leyes colombianas, los funcionarios públicos pueden enfrentar múltiples consecuencias si se comprueba su culpabilidad en actos de corrupción. A continuación, se describen las posibles repercusiones:

• Inhabilitación para ejercer cargos públicos: Según la Ley 734 de 2002, que establece el Código Disciplinario Único, los funcionarios públicos hallados culpables de faltas graves o gravísimas pueden ser sancionados con la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo que puede ir desde uno hasta veinte años. Dado que las faltas atribuibles a Vidal Piedrahita y Silvia González Bermúdez fueron calificadas provisionalmente como “graves a título de dolo”, mientras que para los otros involucrados como “gravísimas a título de culpa gravísima”, es altamente probable que enfrenten esta sanción.

• Destitución del cargo: En caso de que la investigación determine responsabilidad en los hechos, tanto el alcalde como los otros funcionarios implicados podrían ser destituidos de sus respectivos cargos. La destitución es una medida disciplinaria contundente que se aplica para separar del cargo a aquellos servidores públicos que han cometido faltas graves.
• Responsabilidad penal: Más allá de las sanciones administrativas, los implicados podrían enfrentar cargos penales. Según el Código Penal Colombiano, los actos de corrupción, como la celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, y cohecho, pueden resultar en condenas de prisión. La duración de las penas varía dependiendo del delito, pero en casos graves, las condenas pueden superar los diez años de cárcel.
• Devolución de bienes y reparaciones económicas: Si se establece que hubo malversación de fondos públicos, los implicados podrían ser obligados a devolver el dinero apropiado indebidamente. En este caso, ya se ha requerido la devolución de $1.031 millones por parte del ejecutor del contrato.