Corte Suprema ordenó nuevas pruebas en investigación contra el senador Antonio Correa por cupos indicativos

La Corte Suprema de Justicia anunció que adelanta investigación que cursa en contra del senador Antonio Correa por corrupción en la construcción de canchas sintéticas en Bolívar y Córdoba. Además, el alto tribunal ordenó nuevas pruebas, como la ampliación de varios testimonios de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La sala especial de primera instancia resolvió una petición de nulidad y solicitud de nuevas pruebas que presentó la defensa de Correa Jiménez, acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concusión, tráfico de influencias de servidor público y concierto para delinquir.

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El senador por el Partido de la U implicado en el proceso en 2018, después de aparecer en conversaciones entre la intermediaria, Vanesa Margarita Deyongh Yepes y el contratista Carlos Celestino Martelo Sarabia, que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por la ‘mermelada tóxica’, cuando suscribieron un contrato por un valor de $3.491.000.000, para la construcción de una cancha de fútbol en El Peñón.

Los hechos que comprometen a Correa ocurrieron mientras se desempeñaba como senador de la República durante el periódo de 2016 -2017, Sin embatgo, se mantuvo en su puesto y le fue permitido reelegirse como senador de la República para el periodo 2022-2026. El senador tuvo bajo su disposición un cupo para la cofinanciación de proyectos por medio del extinto Coldeportes, por $5.000.000.000, figura que actualmente es conocida como “cupos indicativos”.

De acuerdo con la acusación, presuntamente, los recursos destinados a los cupos indicativos fueron gestionados por una organización criminal, que dirigía el senador Correa. Entre sus responsabilidades, cumplía con la coordinación de celebración de contratos entre Coldeportes y varios municipios de la región Atlántica, exigiendo a cambio pagos millonarios a los posibles contratistas del proyecto para la ejecución de las obras. Igualmente, se presume que estuvo vinculado con el grupo criminal Los Gatos dirigido por Enilce López alias La Gata.

Para evitar ir a la cárcel, el congresista apeló ante la Corte Suprema de Justicia para que ordenara la nulidad del proceso. A pesar de sus intenciones, el alto tribunal ordenó la búsqueda de nuevo material probatorio en el proceso, entre ellos más testimonios, de los cuales la Corte decidió no revelar algunos nombres para proteger la integridad de las personas y del proceso.

Entre las ampliaciones testimoniales que ordenó la sala especial de primera instancia se encuentran Mariela Margarita Trujillo, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Correa, Melissa Mercedes Pérez y Claudia Maritza Mora. A su vez, dispuso una inspección judicial al proceso de investigaciòn en contra del congresista, que estuvo a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia ante el caso del senador Correa representa un duro golpe para el investigado, ya que en caso de que las pruebas presentadas demuestren su culpabilidad de los delitos de celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público se enfrentará a penas de más de seis años de cárcel.

En medio de las polémicas afirmaciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, sobre presuntos contratos otorgados a grupos armados ilegales, la nueva cuota del escándalo que sacude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el senador Antonio Correa propuso una medida para verificar las declaraciones de los implicados en casos de corrupción.

En ese sentido, el legislador dijo que, en la próxima legislatura, a partir del 20 de julio de 2024, presentará un proyecto de ley que permitiría el uso voluntario del polígrafo en procesos judiciales. Para el senador, esta herramienta ayudaría sobre la veracidad de las declaraciones y evitaría errores a los administradores de justicia que argumentan que la medida es necesaria para construir una “verdad material” y esclarecer los hechos de corrupción que afectan al país.