Con la instalación del penúltimo periodo legislativo en el Congreso, empieza la cuenta regresiva para el Gobierno nacional y la oposición para radicar sus proyectos en aras de mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, el Ejecutivo sigue retratado en un Plan de Desarrollo, después de que las cámaras alta y baja truncaran sus proyectos de reforma en los dos periodos anteriores.
De hecho, se espera que para este segundo semestre se vuelva a vivir una ráfaga de proyectos por parte del Gobierno de Gustavo Petro que no lograron pasar los debates antes del 20 de junio, en parte, por la insistencia de algunos congresistas para que se revisen y se mejore el articulado.
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Entre los debates que seguramente se darán en el Congreso este semestre están los proyectos de reforma a la salud y la ley estatutaria de educación, que aún esperan por obtener apoyo suficiente en Capitolio. El Ejecutivo también tiene previsto presentar una nueva ley estatutaria de educación. Aunque esta obtuvo un breve respiro al ser aprobada en la Comisión Primera de Senado, el paro de Fecode provocó la ruptura de pactos que impidieron su inclusión en el orden del día de la última sesión.
De hecho, antes de que llegara el remezón ministerial, la entonces jefa de cartera Aurora Vergara aseguró que el ministerio se enfocaría en buscar consensos para avanzar en la construcción de un futuro en común, además de insistir en la apertura de escenarios de diálogo necesarios para avanzar en la reforma.
Pero la ráfaga de reformas no se detiene ahí. Otro de los proyectos pendientes es la reforma a la salud, que no logró ser presentada con un mensaje de urgencia en esta legislatura. Esta iniciativa se ya se hundió en la Comisión Séptima del Senado cuando la mayoría de los integrantes firmaron la ponencia de archivo.
Sin embargo, existe también expectativa por la reforma a la salud que presentaría la oposición de forma paralela a la del Gobierno nacional, que estaría acompañada de jornadas de diálogo con la población, además de contemplar el actual panorama del sistema de salud, que está en fuerte tensión tras la solicitud de Compensar, Sura y Bolívar EPS, además de la intervención de promotoras como Sanitas.
El ambiente legislativo actual es complejo, después de que se fracturaran las relaciones entre los partidos de Gobierno y la oposición, que no veían con buenos ojos al ministro Guillermo Jaramillo. De hecho, en días pasado el presidente salió en defensa del jefe de la cartera de Salud, después de que fuera de los pocos en salvarse del remezón ministerial: “Él ha logrado mucho; quienes desean sacarlo es porque no quieren que el sistema mejore”.
Por su parte, el ministro afirmó que el Gobierno tiene listo un nuevo proyecto de reforma a la salud, tras alcanzar un consenso significativo con las EPS. La reforma, según él, se enfocará en transformar las EPS en gestoras de salud, formar redes integrales de servicios y mejorar la atención primaria. Además, destacó que todavía es necesario socializar estos consensos con los territorios y finalizar las discusiones con el Congreso.
El Legislativo también deberá alistarse para la nueva reforma tributaria que plantea el Gobierno nacional que, según informaron desde el Ministerio de Hacienda, no había llegado antes por el represamiento de proyecto que prácticamente la hundiría en la legislación anterior.
Sin embargo, se sabe que este proyecto llegará con la intención de reducir el impuesto de renta a las empresas, lo que también implicará el aumento de tributos para personas naturales que posean mayores ingresos en el país. La reforma tributaria sería la segunda en dos años de Gobierno, pues en diciembre de 2022 se aprobó el primer ajuste por iniciativa del entonces ministro José Antonio Ocampo.
En el campo laboral también habrá una fuerte discusión por la reforma laboral que plantea el aumento de dos horas en la jornada nocturna, además de establecer el contrato a término indefinido como regla de contratación. Este proyecto logró salvarse justo una semana de terminal el segundo semestre de la legislación anterior, pero tiene por delante tres debates para convertirse en ley: una en la Cámara de Representantes y dos más en el Senado de la República.
En el ámbito de la justicia, la comisión de expertos ha trabajado en dos borradores de proyectos que serán presentados el 20 de julio. Néstor Osuna, entonces ministro de Justicia, señaló que el Gobierno espera presentar un sólido paquete de proyectos sociales y bien explicados. La comisión incluye a magistrados, jueces, representantes de sindicatos de justicia, la Procuraduría y personas de la sociedad civil, pero no cuenta con congresistas o representantes de partidos políticos, lo que podría complicar la construcción de consensos.
Otro proyecto que espera tocar el Congreso es la reforma a la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que el Gobierno planea radicar este año para modificar la conformación de las comisiones de regulación y ajustar tarifas. Esta iniciativa, debido a sus implicaciones, generará discusiones intensas.
Además, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la reforma del Código Minero, haciendo énfasis en la necesidad de priorizar a los pequeños mineros tradicionales sobre las grandes multinacionales. En marzo, el Ministerio de Minas publicó un borrador denominado “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”. Sin embargo, el Gobierno aún no ha discutido el articulado de esta propuesta con las distintas fuerzas políticas.
En cuanto a las tarifas de energía eléctrica, el Gobierno llegó a un acuerdo con siete empresas para reducirlas hasta en un 20%. Aun así, los detalles de esta iniciativa no han sido compartidos con los partidos políticos, mientras que la ministra de Ambiente también reiteró su intención de prohibir el fracking, un proyecto que se hundió en la legislatura anterior por falta de consenso, pero que podría volver en el tercer año del Congreso.
Otros proyectos para ser presentados en la tercera legislatura incluyen la reforma al sistema de vigencias futuras, la flexibilización de la regla fiscal y la reforma del Sistema General de Participaciones.