Una madre en Neiva denunció que su hijo de dos años presentó lesiones en sus genitales tras asistir al Centro de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El incidente se registró durante la jornada escolar, y la progenitora del menor descubrió las heridas cuando el niño manifestó sentir dolor al orinar.

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Las autoridades iniciaron una investigación sobre el caso después de que la madre informara que, según el menor, su profesora le habría halado el pene. Este hecho ocurrió el martes en un centro del Icbf ubicado en el norte de Neiva.

La madre llevó al niño al centro asistencial para que fuera valorado por personal médico, mientras se siguen los procedimientos legales pertinentes. El menor está siendo acompañado por profesionales en psicología mientras avanzan las investigaciones.

La docente del CDI argumentó que había sorprendido al niño dándose picos con una compañera, lo cual llevó a la madre a cuestionar al menor, quien sobre esto afirmó que la docente le había causado las lesiones.

Los organismos competentes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han dispuesto los recursos necesarios para brindar atención psicológica y física al menor. Al mismo tiempo, las autoridades buscan esclarecer los detalles del evento y determinar responsabilidades.

Las circunstancias que rodean el caso han generado preocupación entre los padres de familia y la comunidad educativa, quienes esperan esclarecimientos sobre lo sucedido y la seguridad de los niños en estos centros de cuidado.

La Policía Nacional ha informado sobre la detención de dos mujeres implicadas en la explotación infantil a través de la producción y venta de contenido pornográfico, dirigido a compradores en Francia, Estados Unidos e Italia.

Las aprehensiones se realizaron en Cúcuta y Los Patios, Norte de Santander, lugares donde presuntamente se llevaban a cabo estas actividades ilícitas.

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, reveló detalles escalofriantes del caso, incluyendo el abuso de una niña de 8 años por parte de su madre, en transmisiones en vivo para espectadores internacionales.

Las autoridades consiguieron registros gráficos y analizaron cientos de videos de celular. Durante el operativo, que fue coordinado con la Fiscalía General, Europol e Interpol, se incautaron tres teléfonos móviles y dos memorias.

En otro caso de abuso infantil, un tribunal en Cartagena, Bolívar, condenó a un hombre de 67 años a 25 años y 8 meses de prisión por abuso sexual continuado contra su hijastra. Los delitos ocurrieron entre 2019 y 2022 en el barrio Santa María de La Heroica, y se prolongaron debido a las amenazas del hombre hacia la menor. La Fiscalía presentó pruebas concluyentes que llevaron a su condena.

En la localidad del sur de Bogotá se ha registrado un grave incidente de abuso sexual en el Colegio Carlos Alban Holguín sede C. Un niño de 6 años fue presuntamente agredido por trabajadores que realizaban reparaciones en la institución, informó la madre del menor a los medios de comunicación. Según su testimonio, el niño alertó a su abuelo sobre lo sucedido, lo que despertó la alerta familiar.

El hospital local confirmó los hechos y activó el código blanco, un protocolo específico para estos casos. Además, la Secretaría de Educación emitió un comunicado rechazando enérgicamente el abuso y aseguró que se han seguido todos los procedimientos establecidos. El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado a fortalecer los sectores de atención a menores para prevenir y responder adecuadamente ante estas situaciones.

Padres de familia y miembros de la comunidad educativa del colegio han organizado una movilización en protesta, exigiendo justicia y medidas que garanticen la seguridad de los niños en las instituciones educativas. La marcha se llevó a cabo desde la sede principal hasta la sede C del colegio.

Las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Educación del Distrito revelan que en los primeros seis meses del año se han reportado más de 4.000 casos de abuso en colegios de Bogotá, siendo las principales víctimas menores de edad. Estas cifras han generado preocupación entre activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los niños, que instan a mejorar los procedimientos judiciales y garantizar la seguridad de las víctimas.