Gustavo Petro habría dado información falsa sobre la situación carcelaria de campesinos en Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Colombia mencionó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido el 10 de julio en Nueva York, que en Colombia hay 35.000 campesinos encarcelados por cultivar hoja de coca. El mandatario argumentó que estas personas se encuentran en “condiciones de hacinamiento y violación de derechos humanos”, sugiriendo que su liberación mejoraría las condiciones carcelarias generales.

Asimismo, criticó que el acuerdo de paz firmado en La Habana, que incluía la excarcelación de estos campesinos, no se ha regulado de la manera en que se había propuesto.

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Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Colombia tiene 102.937 internos en total, lo que implicaría que un tercio de ellos serían campesinos presos por cultivar coca. El medio El Tiempo pidió a la Presidencia información sobre la que se basó el mandatario colombiano para afirmar la situación carcelaria de los campesinos, pero no obtuvo respuesta.

El cultivo de hoja de coca no es ilegal en Colombia y ha sido utilizado con fines medicinales por comunidades indígenas y campesinas durante siglos. Sin embargo, la ley colombiana penaliza la conservación y financiación de plantaciones de plantas de las que pueda producirse cocaína, según el artículo 375 del Código Penal, con penas de prisión que varían según la cantidad de plantas cultivadas.

Según la investigación realizada por el medio mencionado, los datos del Inpec indican que solo 19 personas están encarceladas por el delito de conservación o financiación de plantaciones, y no hay información que sustente los 35.000 mencionados por Petro.

En su discurso, Petro también abogó por una reforma agraria “contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de tierras” y la creación de concesiones heredadas y familiares en zonas selváticas de Colombia, señalando que la mayoría de la violencia y la economía ilícita se concentran en estas áreas.

El mandatario destacó la necesidad de un gran pacto o Acuerdo Nacional que permita realizar estas reformas y ampliar el plazo de implementación del Acuerdo de Paz por siete años. El costo estimado para llevar adelante estas iniciativas es de entre 160 y 200 billones de pesos.

En Colombia, la industria de la cocaína enfrenta una crisis debido al hambre y la sobreproducción de esta droga ilícita. The New York Times realizó una investigación en Caño Cabra, en el departamento del Meta, revelando que la producción de hoja de coca ha dejado de ser lucrativa para los pobladores locales.

Desde hace dos años, los narcotraficantes que solían comprar pasta de coca han dejado de aparecer en Caño Cabra, causando una crisis económica en la región. Esto ha provocado que la mayor parte de sus habitantes abandonen el área en busca de mejores oportunidades, dejando a la población reducida a solo unas 40 personas. Este fenómeno no es exclusivo de Caño Cabra, sino que se ha replicado en varias regiones de Colombia donde la coca es la principal fuente de ingresos.

La investigación también explica que la situación actual es en parte una consecuencia del acuerdo de paz firmado hace ocho años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Tras la salida de las Farc del negocio de la cocaína, pequeños grupos criminales tomaron el control, modificando el modelo económico hacia la compra de grandes cantidades de coca a menos agricultores y concentrando sus operaciones en regiones fronterizas.

Además, los campesinos que han sufrido la toma de sus cultivos por parte de otros grupos criminales han visto en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) una herramienta fundamental. Este programa se ha centrado en el modelo de sustitución de cultivos, lo que ha dejado de lado a aquellos campesinos que han dependido de la producción y comercialización legal de la hoja de coca para su sustento, bajando el nivel de producción y venta de la planta en el país por parte de agricultores, dejándole el mercado a los grupos al margen de la ley.

Este cambio de modelo ha perjudicado a muchas comunidades del interior del país, dependientes del cultivo de coca. Además, otros países sudamericanos y varios en Centroamérica han incrementado su producción y exportación de cocaína.