Con motivo del 20 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, convocó a una movilización masiva de campesinos para que marchen en defensa de la reforma agraria, que busca implementar una redistribución más equitativa de las tierras en todo el territorio nacional.
Asimismo, el jefe de Estado solicitó “que cada comité de reforma agraria municipal, que cada coordinadora regional, que cada acción criminal a la que quieren quitar su facultad de contratación con el Estado, violando el artículo 23 de la Convención Americana, que cada organización campesina alisten la movilización rural por la democracia y la justicia rural”.
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Según el primer mandatario, “ya son 600 organizaciones de base campesina las que se adhieren a la iniciativa. Solicitamos la movilización de las juntas de acción comunal rurales en el día de la Patria”.
Sin embargo, la Agenda Nacional Campesina se movilizó el pasado 8 de julio, para “defender sus intereses y exigir a las instituciones del Gobierno nacional que cumplan con los acuerdos de transformar el campo colombiano y atender las necesidades de la población rural”.
Para la asociación, “es necesario que el Gobierno avance en la democratización del acceso a la tierra, la promoción de la economía campesina, y la materialización de los derechos del campesinado”, señaló en un comunicado.
Con una visión similar, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc) considera que faltan avances en la oficialización de la propiedad, acceso a proyectos productivos y servicios básicos como salud, vivienda y educación para sus afiliados. A su juicio, existen políticas restrictivas de gestión interna de las instituciones en contra del campesinado. Además, se presentan fallas en la ejecución del Plan Integral de Reparación Colectiva relacionado con los daños causados por el conflicto armado.
¿Cómo funcionará la nueva propuesta del presidente Petro para cumplir con la reforma agraria?
La Anuc también hizo un llamado a defender la propuesta del jefe de Estado de compra exprés de tierras por medio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Con esta estrategia, el Gobierno nacional pretende acelerar el proceso de reforma agraria mediante cambios al interior de la entidad.
Según el presidente de la República, esta institución, encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, se convertiría en una organización estatal dedicada a estructurar proyectos productivos por medio de créditos y a ser responsable de la formalización de títulos de propiedad.
El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que están preparados para iniciar el proceso. “Entendemos la tierra como la primera etapa en este camino, pero debemos consolidar este programa con más proyectos productivos, créditos y el renacer del campo”, agregó.
La propuesta del presidente, avalada por el campesinado, generó críticas en el sector político nacional. El expresidente Alvaro Uribe Vélez expresó su preocupación por la medida, en su opinión, es “un abuso violador de la Constitución Política de Colombia”.
Paloma Valencia, senadora de la República y una de las líderes de la oposición, aseguró que la propuesta de ‘fast track’ del Gobierno nacional para implementar el Acuerdo de Paz de 2016 es una manera de callar a los opositores de lo pactado en La Habana. Asimismo, considera que la medida responde al miedo que tiene el presidente Petro a los congresistas que no apoyan sus iniciativas.
“El Gobierno está sintiendo que la oposición le viene ganando, por eso quiere eliminar la posibilidad que ha tenido la oposición de frenar reformas que son inconvenientes para el país. Estamos seguros de que las instituciones colombianas serán capaces de limitar el poder que tiene el presidente”, dijo.