El Consejo de Estado publicó la lista de aspirantes para reemplazar a Margarita Cabello en la Procuraduría

La entidad deberá escoger 10 de los 65 nombres registrados

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Lista de aspirantes a la Procuraduría - crédito Colprensa
Lista de aspirantes a la Procuraduría - crédito Colprensa

El Consejo de Estado completó la lista oficial de aspirantes inscritos para reemplazar a Margarita Cabello, y ocupar el cargo de procurador General de la Nación. La actual funcionaria está próxima a culminar su labor en esa entidad. La lista tiene 65 nombres, iniciando con el abogado Jaime Araújo Rentería, que fue magistrado de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral.

La lista de aspirantes incluye también a Ovidio Claros, que actualmente ocupa la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá y ha sido contralor de Bogotá y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Entre los candidatos al cargo se encuentran 13 mujeres como Paula Catalina Ortiz Triana, Luz Adela Castaño, Rosa Isabel Romero, Doris Aydee Romero, Alexa Tatiana González y la exdirectora de Defensa Jurídica, Martha Zamora.

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También hacen parte nombres como el de Gregorio Eljach, secretario general del Senado de la República; Germán Varón Cotrino, exsenador por Cambio Radical; los exmagistrados Humberto Sierra Porto, exmiembro de la CIDH; y Gustavo Gómez Aranguren, exmagistrado del Consejo de Estado; el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora; el expresidente del Consejo de Estado Álvaro Name; y la exministra de Cultura Carmenza Vásquez.

Cabello dejará el cargo en 2025 - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
Cabello dejará el cargo en 2025 - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

En entrevista para El Nuevo Siglo, el exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren se pronunció al respecto: “La candidatura surge no de mí, sino de un grupo de abogados del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, quienes me consultaron sí yo estaba en condiciones de apadrinar esa intención de buscar la llegada de un abogado que tuviera todos los títulos de transparencia y de conocimiento de lo público para la Procuraduría”.

La cabeza de este organismo de control es el procurador General de la Nación, elegido por el Senado de la República por un periodo de cuatro años. Este funcionario es escogido entre un candidato del presidente de la República, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado.

Margarita Cabello ocupó el cargo el 15 de enero de 2021 para reemplazar a Fernando Carrillo, su periodo finalizará en enero de 2025. La persona que reemplace a Cabello deberá posesionarse a más tardar el 15 de enero del próximo año.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un ultimátum a la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación deberá adelantar un concurso de méritos para proveer los cargos de carrera vacantes de manera definitiva en un término de tres meses, esto después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la diera un ultimátum.

Los magistrados, luego de un fallo en primera instancia, acogieron las pretensiones de la demanda de acción de cumplimiento que interpusieron Diego Alfonso Bernal Acosta, Carlos Hernando Puerto Quiroga y Samuel Darío Ibáñez Zabala, los cuales advirtieron que la entidad se encuentra convocando a concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas que existen en la Procuraduría, incumpliendo así los artículos 185 y 192 del Decreto Ley 262 de 2000.

“La Procuraduría cuenta con una planta de 4.300 cargos, además de los creados por medio de Decreto 1851 de 2021, de los cuales, a 5 de febrero de 2024, 2.776 se encuentran en vacancia definitiva, es decir, el 64.55%, y están provistos en provisionalidad”, se lee en la decisión.

Además, se menciona que desde 2015 la Procuraduría no ha hecho un concurso de méritos de selección personal. La entidad se opuso y afirmó que: “Dijo que ha adelantado gestiones para la consecución de los recursos para adelantar el proceso de selección, pero para la vigencia fiscal 2024 no fueron provistos. También aseveró que la acción es improcedente porque implica el cumplimiento de normas que generan gastos”.

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