El Congreso de los escándalos: las polémicas del periodo legislativo 2023-2024

El 20 de julio de 2024 se instala en el Congreso de la República un nuevo periodo legislativo. El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tendrán la misión de aprobar varias de sus reformas sociales y una posible Asamblea Nacional Constituyente antes del 20 de junio de 2025.

El panorama se tornó gris para la aprobación de las reformas sociales, ya que el cierre del segundo año del Congreso terminó con un sabor agridulce, pues el presidente Petro y su gabinete ministerial vio como su bancada se fue menguando ante la falta de consensos en las propuestas que presentó el Estado.

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En paralelo, el Capitolio Nacional de Colombia estuvo marcado por varios escándalos que pusieron bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral a varios congresistas y funcionarios gubernamentales.

Las revelaciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla revolucionó el congreso. El exfuncionario aseguró que utilizaron dineros públicos destinados a la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira como caja menor para armar un entramado de corrupción en las altas esferas gubernamentales.

De acuerdo con Pinilla y Olmedo López, exdirector de la entidad, encargada de atender y evitar situaciones de riesgo en el país, utilizaron 4.000 millones de pesos para sobornar a varios miembros de la Cámara y del Senado con el propósito máximo de agilizar la aprobación de las reformas del Gobierno nacional.

En la lista de los implicados figuran Iván Name, el presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, entre otros. Según los acusados, políticos y altos funcionarios del actual Gobierno recibieron millonarias cifras para cumplir con sus peticiones. También, estuvo involucrada la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, que fue la intermediaria para los pagos.

El escándalo también salpicó a los congresistas Wadith Manzur, representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso; y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, que están siendo investigados por órganos de control para determinar si están implicados en el entramado para aprobar las reformas sociales del Gobierno Petro.

El presidente Gustavo Petro rechazó las acciones de López y Pinilla y logró sacar adelante varias propuestas fundamentales para su agenda política como la reforma pensional. Esta iniciativa fue aprobada el 14 de junio de 2024 en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en su último debate desató polémica por una ‘jugadita’ de la coalición del gobierno para aprobar el proyecto de ley lo más rápido posible.

En este escenario, varios representantes a la Cámara, entre ellos Catherine Juvinao, y Andrés Forero se pronunciaron. Según el congresista, la decisión se tomó “vulnerando los derechos de la oposición”, asegurando que “se ha roto el principio de la liberación democrática y el de publicidad”. A su juicio, la votación muestra las intenciones del Gobierno nacional que “está ambientando una ruptura institucional, que será utilizada por el presidente para llevar a cabo una constituyente”.

Para la representante a la Cámara por la Alianza Verde, con la aprobación de la reforma se vislumbra un panorama poco favorable para el país, pues los informes de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre la viabilidad del modelo propuesto por el Gobierno recalcaron que Colpensiones no está lista para acoger a millones de colombianos.

En este sentido, Juviano sostuvo que “lo que hizo el Gobierno es un acto de temeridad, pues si sale mal en dos años vamos a estar en una catástrofe logística, administrativa y financiera de lo que sería el nuevo sistema nacional de protección de la vejez”.

El periodo legislativo 2023-2024 no solo estuvo empañado por escándalos de actores políticos del círculo cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro. En enero de 2024, la Fiscalía General de la Nación reveló que avanza en las investigaciones a varios congresistas de partidos declarados de oposición, que presuntamente implementaron un modelo de corrupción para direccionar contratos de instituciones estatales y aumentar su poder y presencia política en varias regiones del país.

De acuerdo con el órgano de control, el caso bautizado como ‘Las Marionetas’ implica a Samy Merheg, senador del Partido Conservador; Carlos Abraham Jiménez, senador de Cambio Radical.

Además, están involucrados Juan Felipe Lemos, senador del Partido de La U; Miguel Ángel Barreto, senador del Partido Conservador; Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, que están siendo investigados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Por otro lado, en el segundo año del Congreso de la República no podían faltar los episodios en los que varios senadores y representantes a la Cámara brillaron por sus desaciertos durante las votaciones de varias iniciativas.

Ese fue el caso de Camilo Ávila, representante del Partido de la U, que durante un debate de la reforma pensional en la Comisión VII de Cámara votó a favor de un artículo correspondiente al régimen de transición sin conocer de qué trataba.

Su accionar fue cuestionado en los distintos sectores del país que catalogaron de mediocre al congresista; además de considerar que la situación es un reflejo de la politiquería colombiana.

El senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, también estuvo en el ojo del huracán por su falta de conocimiento sobre el territorio colombiano, en medio de un debate sobre la conmemoración del centenario del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas.

Para evitar confusiones con el municipio ubicado en Tolima, donde se fundaron las extintas Farc, Asprilla dijo " les pido un poco de lógica a los senadores. Está claro que el senador Guido Echeverry les dio unas clases de geografía a algunos senadores que no saben que en Colombia hay una Marquetalia en Caldas y otra Marquetalia en Huila”.

Varios congresistas no dudaron en criticar el error del senador Asprilla. Además, le pidieron tomar clases de geografía para evitar hacer el ridículo. Frente a la situación, el senador de la Alianza Verde no tuvo otra opción que decir “la cagué” y finalizar su participación.